Tren Parlamentario

Este año en México estarán en juego 12 gubernaturas (13, si Guerrero adelanta la elección, como finalmente lo decidieron Hidalgo y Quintana Roo, entidades que les correspondía en 2011), casi mil 540 ayuntamientos y 309 diputaciones locales de 15 entidades federativas.

Será de gran actividad política por antonomasia 2010. Máxime porque constituirá la última parada de las fuerzas políticas del país para definir sus estrategias hacia la búsqueda del poder presidencial, en la elección de 2012.

De hecho, ha comenzado el frenesí de la actividad política.
Estos días primeros de enero han sido tiempos de las precandidaturas. Y lo mismo en el Norte como en el Sur del país los aspirantes a alguno de esos puestos de representación popular se han trenzado en negociaciones por decidir quién, finalmente, quedará como candidato.

Hay, hasta el momento, 12 estados en los que habrá elecciones triples; es decir, para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Estos son los siguientes: Chihuahua, Zacatecas, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Tlaxcala.

Y quienes elegirán solamente diputados y alcaldes son: Baja California, Chiapas y Yucatán.

La primera elección de 2010 ocurrirá en Yucatán: el 16 de mayo, y se renovarán los 106 ayuntamientos y los 25 diputados locales.

La gran fecha será el 4 de julio, en la que confluirán la mayoría de las elecciones locales.

Guerrero ha sido un caso especial. El Congreso local aprobó en septiembre pasado un decreto en el que se fija el 30 de enero de 2011 como la fecha de la elección. Es un decreto, sin embargo, que ha sido impugnado por las fuerzas del PAN y el Panal, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Panistas y panales afirman que debería adelantarse la elección a julio de 2010. La Corte no resuelve aún.

En cambio, Hidalgo y Quintana Roo, cuyas elecciones correspondían para 2011, decidieron adelantarlas, y también se celebrarán el 4 de julio próximo.

Los 15 procesos electorales en marcha no cuentan, precisamente, con las mejores condiciones políticas y sociales. El país está plagado de rumores y no cesa el golpeteo de una crisis económica que, por estos días, semeja un avispero al que le han soltado un leñazo.

El Gobierno federal incrementó tres veces, la última semana de diciembre, el precio de las gasolinas y el diesel, a manera de prólogo de un serial de aumentos mensuales que están contemplados en la Ley de Ingresos aquella, del 13 de octubre, que aprobaron el PAN, PRI, Panal, PVEM, y en lo general también el Partido de la Revolución Democrática. Sí, el partido de Jesús Ortega.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en voz de su reciente titular Ernesto Cordero, fue a decir a la Cámara de Diputados el pasado jueves que aquellos tres aumentos de diciembre eran necesarios, porque de lo contrario estarían en riesgo programas como el Oportunidades.

Cordero fue recibido por priistas, perredistas y petistas como el representante de un régimen sellado por la ineptitud, la ineficacia, la falta de compromiso y hasta la mala fe. Y no faltó el legislador que advirtiera que ese tipo de decisiones –como la de incrementar el precio de las gasolinas y el diesel-- fueron un acto infame y criminal contra un pueblo de por sí estragado. Y le restregaban a Cordero la cifra aquella que en noviembre fue a decir al Senado, en calidad de secretario de Desarrollo Social, de que seis millones de mexicanos se habían incorporado estos meses a las condiciones de pobreza extrema.

En los pasillos de San Lázaro, ese día de la comparecencia, conjeturaban los opositores: Calderón ha apostado a que en abril y mayo los aumentos de diciembre hayan quedado olvidados en la de por sí desmemoriada mente de los mexicanos.

El olvido es lo que no quieren los opositores que ocurra. Y en torno de ello basaron sus ataques al Gobierno federal toda la semana. Por un lado, el partido que junto con el partido en el Gobierno más fue identificado como hacedor de la Ley de Ingresos de 2010, el PRI, ha dedicado literalmente todo su esfuerzo por deslindarse de los gasolinazos. El PAN lo ha tildado de cobarde. El PRI ha revirado que si bien aprobaron aquella ley, jamás consintieron en que hubiera aumentos este año.

El PAN en el revire del revire, ha recordado que en 2007, el PRI, el PVEM, Panal y PRD aprobaron una reforma en la que permitían al Ejecutivo Federal que los precios de las gasolinas y el diesel estuvieran deslizándose hasta 2009.
En el fondo, es la lucha por el poder, manifestada este año en las elecciones de los 15 estados aquellos. Nadie quiere perder votos; pero, tampoco, nadie quiere permitir que el Gobierno de Calderón los embarre con sus decisiones draconianas, evidentemente contrarias al interés de la mayoría de la población.

Hay otro asunto que dará mucho de qué hablar estos meses de procesos electorales: no sólo las fuerzas políticas legales estarán queriendo converger en la búsqueda del poder constitucional; poderes fácticos legales e ilegales (los legales: Televisa y TV Azteca, por ejemplo; ilegales: el crimen organizado) pretenderán incidir en las elecciones. Ya ocurrió en 2009, según el propio IFE. No se espera cosa distinta en 2010, cuando criminales de marca mayor como los dedicados al narcotráfico siguen dando golpes cruentos al Estado mexicano, amparados en la impunidad que les prohíja su capacidad corruptora. Y su ahora tremenda capacidad de provocar miedo ante la debilidad manifiesta de las instituciones que dicen estar para combatirlos. Un dato más: el 19 de enero (dentro de ocho días) se cumplirán nueve años de que escapó de Puente Grande, Jalisco, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.