Tren Parlamentario

Fustigadas por el tiempo que se les acaba (concluirán el periodo legislativo este viernes), las dos cámaras del Congreso de la Unión ayer se pusieron virtualmente a parir leyes y leyes que tendrán como encargo —según han dicho en la argumentación y posicionamiento— fortalecer la defensa de los derechos humanos; o, que es lo mismo, de las Garantías Individuales de los mexicanos, mediante un ajuste inédito de leyes e instituciones del sistema judicial.

Pero hay, sin embargo, voces que advierten que los nuevos mandatos jurídicos rozan los linderos del Estado policíaco, ese territorio fangoso y resbaladizo en el que la discrecionalidad resuma a las corporaciones policiales y al Ministerio Público tanto como la humedad a la cubierta de los barcos.

Las ocho leyes secundarias que, en materia penal, habían sido aprobadas por el Senado la semana anterior, fueron ayer refrendadas por la Cámara de Diputados, y enviadas al Ejecutivo federal para que el titular de éste ordene la publicación de aquéllas en el Diario Oficial de la Federación cuando lo desee, y sean concluidos entonces sus procesos legislativos.
Este martes en la asamblea plenaria de Xicoténcatl, a la vez, los senadores aprobaron la minuta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los diputados les remitieron la semana pasada. Por cierto, deberán regresarla a San Lázaro, porque le han hecho cambios. Cambios que, a todas luces, pretenden hacer menos costosa a las autoridades policíacas el respeto a los derechos humanos a la hora de ejercer su actividad.

Verbigracia: los senadores quitaron la frase siguiente en el párrafo V del artículo 40: “u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes”. Los diputados lo habían enviado así: “Abstenerse en todo momento de infligir, tolerar, permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra”.

En el artículo 41, última fracción, los diputados establecieron: “Solamente en los casos en que esté en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones y el orden público, se podrá hacer uso legítimo de la fuerza por los integrantes de las instituciones policiales, siempre que se haga de manera racional, proporcional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos”.

Los senadores suprimieron: “los derechos y garantías de personas e instituciones”… Y también quitaron las dos últimas líneas del párrafo: “Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, absteniéndose en todo momento de obedecer órdenes ilegales”.

En San Lázaro, cuando apuntalaban en tribuna las ocho reforams penales, el priista César Camacho afirmó: “La justicia en México está recuperando densidad, cauce y alcance. Y las instituciones y leyes están del lado de la gente”.
José Manuel del Río, de Convergencia, así lo atajó: “Han confundido lo urgente con lo importante; y siempre con sus prisas y prisas”. Y latigueaba entonces el lomo de priistas, panistas y perredistas: “Muchas reformas que iniciamos no sirven, porque las hacemos sobre la calentura de la velocidad y la prisa”.

Y ejemplificaba entonces: “Aquí, en San Lázaro, traemos un tema sobre la presunción de inocencia, y aquí aprobamos el arraigo por 60 días”.

Del Río Virgen fustigaba la incongruencia de las leyes penales. “La verdad”, insistió, “es que hay un pleito entre la PGR y la SSP, que ha dado al traste con la funcionalidad de la seguridad pública en el país”.

El pcedista dijo también: “Hace unos días, desde la Presidencia de la República, se defendió con todo al secretario García Luna: que buen policía, que buen secretario; pero a los 10 días le quitaron a la Policía, y la presidencia del Consejo de Seguridad Pública. Por poco y también le quitan la presunción de inocencia…”.

Una de las atribuciones que estas leyes otorgarán a la Policía es que podrán redefinir la flagrancia. Ahora también podrán detener bajo este concepto, “instantes después de la comisión de este delito”.

Cabús

En San Lázaro, los banqueros gravitaban ahora sobre los diputados, como lo hicieron el jueves sobre los senadores. Refrendaron los diputados las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. Colocaron a la Condusef en el mismo piso donde está ya la Profeco. “Dictamen bueno, pero insuficiente”, se quejaba Juan Guerra, porque a la Condusef le siguen negando facultades suficientes como para evitar que los banqueros se sigan riendo de ellos, del resto del Gobierno y de los clientes.