Tras apresar a Hank, niegan ''cacería''

-Bravo Mena arremete contra
el proyecto de Alejandro Encinas

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUN/2011).- Mientras el Gobierno federal hace mutis en torno a la captura, el sábado, de Jorge Hank Rhon por acopio de armas, el aspirante panista a la Presidencia de la República y secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, contestó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, que el hecho judicial no tiene tintes políticos.

Ni la Secretaría de Gobernación ni la Procuraduría General de la República salieron al cruce de las declaraciones del líder priista, en el sentido de que no permitiría una “cacería de brujas” en momentos en que en el Estado de México se vive un proceso electoral que, se prevé, incidirá en las cercanas elecciones de 2012. Tampoco habló Gustavo Madero, dirigente nacional panista.

Fue Ernesto Cordero, quien asegura que no es el candidato “oficial”, la figura panista que respondió al PRI: “Este Gobierno no le va a dar impunidad a nadie” pues “la corrupción es algo que le ha hecho mucho daño al país”.

Las declaraciones de Cordero Arroyo ocurrieron en el relanzamiento de la campaña de Luis Felipe Bravo Mena a la gubernatura del Estado de México, quien está lejos en las preferencias, del priista Eruviel Ávila y del perredista Alejandro Encinas.

La detención del ex alcalde de Tijuana por el Gobierno federal impacta el proceso electoral mexiquense, al grado de que el delegado priista en esa Entidad, Miguel Ángel Osorio Chong, lamentó que los opositores involucren a este personaje con el candidato de la coalición “Unidos Por Ti”. Y aseguró: “No hay un peso” de Hank en la campaña.

Moreira Valdés, en tanto, afirmó ayer en Tampico que exigirá pruebas contundentes en el caso Hank Rhon, para poner fin al “terrorismo político”.

Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, pidió imparcialidad, y aseguró que el PRI es un partido que está en favor de la aplicación “irrestricta de la ley”.

Ayer, Hank Rhon se reservó el derecho de declarar. Sin embargo, su esposa, María Elvia Amaya, leyó una carta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que relata el político que le tomaron fotografías con armas que “nunca había visto. No las reconozco”.

Está acusado de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal y delincuencia organizada.