Tortura, una de las cuentas pendientes para México

CIUDAD DE MÉXICO (09/SEP/2014).- “Ante la falta de mecanismos de investigación adecuados y una procuración de justicia deficiente (las autoridades), aplican tortura para obtener confesiones y con base en ellas procesar a las personas”.

La siguiente afirmación fue de Perseo Quiroz, el director ejecutivo en México de Amnistía Internacional, quien ayer visitó Guadalajara.

El activista denunció que la estrategia del Estado Mexicano es fabricar culpables en lugar de realizar detenciones efectivas.

Dijo que de acuerdo a los propios indicadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las quejas por esta práctica ilegal han incrementado seis veces entre 2003 y 2013.

El apogeo en la denuncia de los abusos policiales coincidió con la etapa del Presidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando el combate contra el narco entró en fase aguda y dejó más de 70 mil muertos.

El cambio presidencial ha traído la promesa de mejora y un descenso de 30% de las quejas. La Procuraduría ha abierto más investigaciones y el Ejecutivo ha hecho exhibición pública de su rechazo a estas prácticas. Incluso, bajo mandato de la justicia internacional, ha reconocido la responsabilidad del Estado en casos tan flagrantes como el del albañil Ananías Laparra, torturado en 1999 para que confesase el asesinato del novio de su hija. A su hijo también lo maltrataron para que acusase a su padre. Laparra pasó 12 años en prisión a pesar de no haber matado a nadie. El viernes el Gobierno le organizó un acto de desagravio.

Pero estos gestos, según expertos, no bastan para frenar un fenómeno detrás del que late la impunidad. “Hay un sistema penal que ni investiga ni sanciona, pero lo más desalentador es que la tortura es cometida por la autoridad que la tiene que investigar”, indica por su parte Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Mañana, los representantes de Amnistía Internacional (entre ellos Alex Neve, de Canadá) se reunirán con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, para pedirle ahínco en la atención de estos casos.

Agencia El Informador/El País

Libre, pero estigmatizado

Rogelio firmó una declaración falsa para parar su sufrimiento. Cuatro años después, ha vuelto ante las cámaras. Es alto y flaco. Lleva una sencilla camisa de manga corta y alza el mentón en un gesto de orgullo. Su mirada se pasea entre las decenas de periodistas que aguardan a que hable.

Se llama Rogelio Anaya, tiene 31 años y el 13 de agosto de 2010, esposado y con los ojos vidriosos, fue presentado al mundo por la Policía Federal como uno de los autores del atentado con coche-bomba que había segado la vida de tres personas y herido a siete en Ciudad Juárez. Tras ser exhibido, su confesión, grabada en video por los agentes, fue emitida en las televisoras. En aquel momento, Anaya era escoria. Ahora, tras un largo infierno todo ha cambiado. Le han retirado todos los cargos y él es quien denuncia en público. Lo apoya Amnistía Internacional, que presenta su caso como paradigma de confesión obtenida bajo tortura, una práctica que, según Amnistía Internacional sigue siendo extensamente utilizada por las fuerzas militares y policiales de México. No es una opinión nueva. El relator de la ONU para esta cuestión, Juan Méndez, denunció recientemente que, amparados en la impunidad, estos abusos constituyen una “endemia generalizada” en México. Rogelio Anaya, casado y con dos hijos, lo confirma.

“Soy un superviviente y pido que se limpie mi nombre”. Relata que tras ser detenido a raíz de una llamada anónima, fue arrojado durante más de 36 horas a un carrusel de aberraciones: golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsa de plástico y el ''tehuacanazo'' (la introducción violenta de agua con gas por la nariz). El resultado fue la confesión. Pero Anaya no dio su brazo a torcer y, desde la cárcel, inició una extenuante lucha. En 2013, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría prometió que, si se hallaban indicios de torturas, se retirarían los cargos. Y así ocurrió. Después de tres años encarcelado, Anaya quedó libre, pero estigmatizado.

“El problema es que ningún Policía ha sido procesado por lo que le hicieron. Y eso es lo normal en este país", señala Rupert Knox, de Amnistía Internacional, y ofrece un dato iluminador: de las 7,164 quejas por tortura y abusos recibidas entre 2010 y 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ninguna acabó en condena.

Comisiones estatales fallan al documentar abusos: AI

Las comisiones estatales de derechos humanos en todo el país fallan en el registro de casos. “No han hecho un trabajo adecuado para documentar y procesar las quejas por tortura”. La anterior es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional (AI), tras una década de estudio en este tipo de violaciones a los derechos humanos.

Perseo Quiroz, el director ejecutivo en México del movimiento global, afirmó de visita en Guadalajara que en los ámbitos locales creen que (la cifra de casos) es aún más preocupante, porque no se tienen datos que lo confirmen.

Tampoco hay, dijo, una correcta aplicación del Protocolo de Estambul, que es el procedimiento establecido para corroborar que una persona ha sido víctima de tortura. En este tema, mencionó que se aplica “en raras ocasiones”, pues generalmente las denuncias son “ignoradas”, o se resta importancia a los dictámenes que lo corroboran, y más aún si son independientes.

La organización concluyó  que en México la tortura se utiliza como método de investigación criminal.