Suspensión de garantías

Desde hace muchos meses el Presidente de la República estudia la potencial suspensión de garantías ante la escalada de violencia. Desde 2009 se estudió la medida para el caso de Ciudad Juárez y para Tamaulipas. En ambos casos se decidió no hacer uso de la medida aduciendo el daño colateral que podría infringirse y el precedente que dejaría la administración.  La propuesta fue incluso explorada en el Congreso. Las cosas han empeorado mucho desde entonces. Meses después cabe preguntarse si se hubiera tomado la medida ¿se habrían impedido los atroces crímenes de San Fernando y los de Ciudad Juárez?

El hecho puro y duro es que el Gobierno Federal no consiguió poner orden ni en Tamaulipas ni en Chihuahua, aun con todas las medidas, visitas, anuncios y demás acciones que se tomaron. Miles de jóvenes han muerto en esas entidades, ahí fue asesinado un candidato a presidente municipal, un candidato a gobernador, 73 migrantes, y ahora sabemos que muchos autobuses desaparecieron con sus pasajeros en meses recientes. La situación se vuelve caótica para el principio de autoridad en aquella región de México. Para casos como este, el artículo 29 de la Constitución establece que “En los casos… de perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo…”

Es muy probable que estas palabras sean citadas cada vez con mayor frecuencia y que el Presidente decida tomar por fin la decisión. Es un tema de la agenda nacional de los próximos tiempos. Para quienes defendemos la libertad como principio esencial de la convivencia, el solo hablar de estos temas resulta chocante. Pero por eso mismo es importante debatir respecto de las potenciales implicaciones de esta y otras medidas que de hecho han limitado nuestra forma de vida a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Para el Presidente es un riego mayúsculo, porque se jugará el futuro político de su administración y de su partido en una decisión que depende de la calidad de la información y de la capacidad de operación con la que se actúe. Serían las fuerzas armadas las que tendrían en sus manos ese destino. Mucho se juega en una decisión así. Pero por otra parte, miles y miles de mexicanos que viven en las zonas afectadas reclaman acciones efectivas, se sienten abandonados por el centro. Exigen con razón: Ya basta. La autoridad debe decidir en breve si toma este riesgo o prefiere mantenerse así por 19 meses más.