Suman 551 los funcionarios del ISSSTE destituidos

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2011).- La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que en la presente administración ha impuesto 3 mil 704 sanciones a funcionarios del ISSSTE, de las que 551 son destituciones e inhabilitaciones.

Además, se han interpuesto denuncias penales en contra de 12 funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por delitos como fraude, extorsión, cohecho y falsificación de documentos.

El pasado 29 de junio, Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, demandó una auditoría a la gestión de Miguel Ángel Yunes en esa institución y se deslindó de los "malos manejos" en el ISSSTE. En respuesta, Yunes acusó a Gordillo Morales de solicitarle 20 millones de pesos mensuales del instituto para financiar las actividades del Partido Nueva Alianza, fundado por ella.

De acuerdo con la SFP, el ISSSTE está entre las dependencias auditadas con mayor frecuencia debido a la complejidad y diversidad de sus operaciones.

La secretaría dio a conocer, además, que actualmente están en proceso más de 80 auditorías e investigaciones, la mayoría de ellas programadas e iniciadas en el primer trimestre de este año.

Varias de estas auditorías están relacionadas con los Festejos del Bicentenario, pues se otorgaron recursos millonarios a través de Turissste para pagar diversas actividades, como la compra de relojes "bicentenarios".

Otras auditorías están relacionadas con Adquisición y Abasto de Medicamentos, Tecnologías de la Información, Pensiones, Gastos Deportivos y Celebraciones, Asesorías y Consultoría y Adquisiciones.

Según Función Pública en esta administración se han realizado más de 600 procesos de auditoría e investigación al ISSSTE, que han resultado en 551 sanciones fuertes como inhabilitaciones y destituciones.

La dependencia explicó que muchas de las peticiones hechas por legisladores, para que se auditen las cuentas del ISSSTE, ya se encuentran siendo evaluadas y la dependencia descartó un manejo político del mismo.

"Para definir el Programa Anual de Auditorías, la Secretaría de la Función Pública considera los riesgos de operación y corrupción dentro de las Instituciones. Por lo cual es importante señalar que no se toman en cuenta, ni siquiera se investigan ni se conocen, la filiación política o de grupo de los servidores públicos", expresó la dependencia.