Subsidio electoral

El día de ayer doña Carmen se subió al camión y pagó sus 5.00 pesos para cubrir la nueva tarifa del transporte público. Ya sabemos que el Gobierno del Estado, con dinero público, pagará los 48 centavos restantes.

Son varios los cuestionamientos que nos hacemos ante esta situación: ¿Cuál fue el soporte técnico para justificar el incremento? ¿Por qué se definió que fueran 48 centavos por usuario para el caso de los camiones y 41 centavos para los midibuses? ¿De dónde se obtendrá el recurso para subsidiar a los concesionarios del transporte público? ¿Cuáles son los compromisos que adquirieron los empresarios del transporte para mejorar el servicio? ¿Qué proyecto integral ha desarrollado el Gobierno del Estado para solucionar el problema del transporte?

Un subsidio es una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada, sin embargo, hasta la fecha la opinión pública desconoce la existencia del documento que debió ser el soporte técnico, jurídico y económico para implementar y justificar esta medida. Voces de investigadores y académicos, así como de analistas, comentaristas y representantes sociales, manifiestan su desacuerdo por la forma en que se tomó esta decisión.

Son cerca de cinco mil 400 unidades las que transitan en el Estado de Jalisco, de las que cuatro mil 500 corresponden a la Zona Metropolitana de Guadalajara. En esta zona el subsidio mensual será de nueve mil 360 pesos por camión y siete mil 995 pesos por midibús, lo que arroja una cantidad de 43 millones de pesos, esto es, 258 millones de pesos para el próximo semestre. Al concluir este periodo se evaluarán los resultados obtenidos, y es interesante mencionar que el momento coincidirá con la celebración de las elecciones constitucionales.

El apoyo que otorgará el Gobierno sin lugar a dudas que ayudará a resolver, como cualquier subsidio, las distorsiones de la economía, pero por otra parte el problema del transporte no se soluciona. En vez de gastar cantidades millonarias en subsidios, los gobiernos estatales debieron invertir desde hace años en un proyecto integral para solucionar el problema del transporte público. Es el caso de que hace cerca de 15 años, el Gobierno no ha invertido un solo centavo en la ampliación del tren eléctrico urbano. Si bien es cierto que ya está en marcha el proyecto que se denomina Macrobús y que podría llegar a ser parte de la solución al conflicto, nos encontramos con la enorme contradicción de que la inversión que realiza el Gobierno actual con dinero público, pasará a manos privadas cuando se inicie la operación del sistema. Esperemos que el Gobierno no salga en algún momento con la ocurrencia de también subsidiar el Macrobús.

Es importante considerar que el asunto del transporte no sólo es negocio. Estamos ante la presencia de un servicio público con características diferentes a las que tiene una empresa privada. No se pretende pedir al empresario que pierda su dinero, o que limite sus legítimas aspiraciones a ganar más, pero recordemos siempre que la movilidad urbana no sólo es lucro. Sería interesante explorar alternativas y estudiar posibilidades para integrar alguna empresa pública que sin buscar rentabilidad y operando sin pérdidas, otorgue el servicio que exige la población. Así se hace en otras partes del mundo.

En fin, la forma en que tomó la decisión el Ejecutivo del Estado, no permite hacer un análisis a fondo para responder las preguntas que aún permanecen en el aire, y además nos deja con la percepción de que el subsidio se otorgó a los concesionarios del transporte, no a los usuarios del mismo, y con una intención eminentemente electoral.
Y mientras padecemos, una vez más, lo que parecen ser ocurrencias de nuestros gobernantes, todos los días continuaremos el camino transitando entre ángeles y demonios.