Son más de 43; en México se registran 22 mil desaparecidos

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2014).- Ayotzinapa es un punto de quiebre en el historial de las desapariciones en México. Los casos de los 43 normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos” se suman a una larga lista de 22 mil 322 que se encuentran documentados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Procuraduría General de la República, según cifras de octubre pasado.

Las 32 entidades de la República presentan casos de desapariciones. Tamaulipas es el que más casos presenta, con cuatro mil 875 (21% del total). Le siguen Jalisco (dos mil 113), Estado de México (mil 554), Distrito Federal (mil 450) y Coahuila (mil 332).

Otras entidades con desaparecidos son: Veracruz (500), Durango (383), Colima (240), Oaxaca (195), Sonora (168), Tabasco (119) y Yucatán (101).

El mismo Guerrero, hoy foco de atención por Ayotzinapa, presenta 406 casos de desaparecidos.

Para José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ayotzinapa evidenció la falta de capacidad institucional para prevenir la desaparición forzada, para buscar y localizar a personas desaparecidas; y para investigar, procesar y castigar a los responsables.

“Este caso se suma a los más de 22 mil que no se sabe dónde están. Nos obliga a reflexionar sobre lo que debe hacer el Estado para buscar al resto de las personas desaparecidas, incluidas aquellos casos reportados durante la guerra sucia”.

Sin embargo, hasta ahora “estos casos habían caído en el archivo muerto que construyeron las autoridades para los desaparecidos”, apunta Pilar Tavera, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, una organización civil de derechos humanos que analizó la base de datos de desapariciones en México, publicada hace dos años en el periódico estadounidense Los Ángeles Times.

Tavera destaca que las desapariciones se convirtieron en un tema de “melancolía natural” entre los mexicanos, “pero de allí no pasó”.

Actualmente, en cambio, todas esas cifras y archivos muertos no pueden permanecer más en el olvido.

Empero, las cifras del Registro Nacional no cuadran con las que poseen las procuradurías o fiscalías estatales y los criterios de clasificación no son uniformes. En Coahuila, por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia contabiliza mil 756 casos, es decir, 424 más que el Registro. Destacan las regiones Laguna y Sureste con 631 personas sin localizar, cada una.

Lo mismo ocurre en Jalisco, en donde la Fiscalía General tiene un registro de dos mil 212 casos, 99 más que el Registro Nacional. O en Durango, en donde la Fiscalía estatal reporta 380 denuncias en lo que va de 2014, ninguna por desaparición forzada; sólo 38 se mantienen “activas”. Pero en 2013 las denuncias en este estado sumaron 377, de las cuales 76 fueron forzadas y se desconoce cuántas permanecen “activas”. Finalmente, en 2012 fueron 669 denuncias.

En Yucatán, la Fiscalía tiene 191 casos registrados como desapariciones, ninguno clasificado como forzada. De esos, sólo en ocho las personas siguen sin aparecer.

Ayotzinapa también ha revelado las carencias del Estado para registrar, investigar, atender y prevenir las desapariciones, coinciden los especialistas José Antonio Guevara y Pilar Tavera.

“No hay realmente una homogeneidad en la búsqueda. Cada vez que una persona desaparece hay inventar de nuevo el hilo negro de cómo se investigan las desapariciones en México”, dice Tavera.

Todo lo anterior sucede por varios factores, entre ellos que hasta ahora no hay un registro nacional fiable sobre personas desaparecidas y encontradas, ni una base de datos nacional de ADN.

Comisión de la verdad

Frente a la desconfianza de las víctimas en las instituciones, José Antonio Guevara propone una comisión de la verdad como una acción inmediata para la atención del fenómeno de las desapariciones.

“Necesitamos un mecanismo para que las víctimas cuenten su historia y a partir de eso se identifiquen patrones y responsables y, si es posible, podamos integrar una historia de la verdad”.

Para ello el Ejecutivo y los partidos tendrían que convocar a organizaciones, expertos en temas de víctimas y a los familiares de desaparecidos a un gran diálogo para integrar un mecanismo cuyo resultado sea un informe y una legislación.

“Esta comisión debe dar como resultado mecanismos de justicia extraordinarios, porque las procuradurías locales y federal no tienen la capacidad técnica ni la infraestructura para llevar a juicio tantos casos que le implican además tocar tantos intereses políticos”.

LAS HISTORIAS
Y no volvieron a saber de ellos

Periódicos Asociados en Red (PAR) recoge cuatro casos de personas desaparecidas ocurridos en Torreón, Durango, Mérida y Jalisco. Estas son sus historias:

“Muerta en vida”

Torreón, Coahuila.- En la casa de María Elena Salazar reina el silencio. Las navidades, las fiestas de cumpleaños y los festejos del Día de las madres” terminaron el 20 de julio de 2009, fecha en la que su hijo Hugo Marcelino González salió de casa en la Colonia Eduardo Guerra de Torreón, pero jamás regresó.

Su madre se dice “muerta en vida” y no confía más en el actuar de las autoridades policiales. Se integró a la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila, junto con 30 familias de Torreón, quienes sostienen reuniones con autoridades estatales pero no han logrado dar con el paradero de sus familiares.

“Estoy ahí por mi derecho a exigir, porque ellos como gobernantes tienen la obligación de encontrarlos, aunque la confianza se ha perdido”, dice María Elena.

Secuestro y luego desaparición

Mérida, Yucatán.- El doctor Delio Peniche Manzano llegó a su centro de trabajo como de costumbre.

Se sabe que eran las 14:20 horas del lunes 3 de noviembre de 2008. Llegó solo, dejó su auto Spirit 94 color verde estacionado, saludó a quienes se encontró a su paso y entró a dar consulta al Centro de Salud.

Alrededor de las 18:30, ya en la oscuridad, el doctor Peniche —un hombre casado, con tres hijos pequeños, sin deudas ni enemigos— salió un momento a la calle con un tráfico ruidoso para distraer el hambre pero nadie lo vio regresar, no dejó registro de su salida. Alfonso, su hermano, dice que a las 6:30 de la mañana siguiente fue despertado por una llamada de los secuestradores que exigieron 3.5 millones de pesos a cambio de la vida de Delio, pero a pesar de los intentos no lo han vuelto a ver.

Van 14 largos años

Durango, Durango.- Han pasado 14 años desde que los hermanos Echavarría Arreola, del Municipio de Rodeo, perdieron a su padre. Un día salió rumbo a Torreón, donde tenía negocios de comida, pero nunca más volvió.

Nadie supo nada de él. Entre el dolor, la angustia e incertidumbre, Gloria se enfrentó a problemas emocionales y económicos porque él era el sustento del hogar y desde entonces tuvo que encargarse, sola, de sus seis hijos.

Al escuchar las historias de los familiares de los normalistas desaparecidos a través de los medios de comunicación, el dolor y la impotencia vuelven a la familia Echavarría Arreola, quienes experimentaron en carne propia las secuelas de una desaparición.

Comparten que superar una situación como esta es muy difícil, en algún momento incluso recurrieron al “vidente” del pueblo para que les dijera dónde encontrar el cuerpo “para tener por lo menos donde llorar”, pero nada funcionó; ni si quiera las investigaciones de las autoridades. Hace cinco años, la familia sufrió nuevamente una pérdida, asesinaron al hijo mayor, quien reemplazó a su padre desaparecido como sustento del hogar. Era comandante y murió en una emboscada. Por lo menos les entregaron el cuerpo, por lo que la familia pudo vivir el duelo y confían que, algún día, lo podrán superar.

Culpan a la pasada administración por rezago

El último corte estadístico de desaparecidos en Jalisco es de dos mil 212 casos, según la Fiscalía General, aunque sus datos difieren con los de instancias federales que cuantifican dos mil 113. La autoridad estatal asegura que ha resuelto 400 casos en esta administración (marzo de 2013 a la fecha). Algunos son casos de personas que deciden abandonar su hogar por causas que van desde el abuso y la violencia intrafamiliar, hasta los que la persona decidió “empezar de cero”.

El registro se actualiza constantemente. De acuerdo con la fiscal en Derechos Humanos, Lizette Hernández Navarro, se ha puesto énfasis especial en eliminar la burocracia que ahuyenta a los ciudadanos para interponer su denuncia. Antes, se requerían 72 horas de ausencia para iniciar una investigación; ahora, comienza de inmediato. Menciona que el acumulado de casos que hoy colocan a Jalisco como el segundo lugar a nivel nacional en la estadística de desaparecidos se debe a un rezago en las pesquisas de la extinta Procuraduría de Justicia, que encarpetó cada expediente sin seguimiento alguno.

Subraya que la Fiscalía hace lo propio por irlos desahogando y, de entrada, ha revisado el archivo. La estrategia de proximidad que, afirma, la Fiscalía ha comenzado para dar atención puntual a cada caso, les ha permitido conocer que muchos de ellos pueden darse por cerrados. “En ocasiones llegamos a la casa del denunciante y nos comentan que su familiar regresó por su cuenta”.

Reconoce que en un amplio porcentaje de los casos, la desaparición tiene como trasfondo un problema con la familia.

Indica que se habilitó un banco de genética forense, en el que se tiene una base de datos que da mayor eficiencia en la búsqueda de la víctima. Las pruebas se obtienen de familiares y se comparan con los cuerpos no reconocidos.

Lizeth Hernández expone que las denuncias que llegan van a la par de los casos resueltos. Se eliminaron barreras burocráticas. El único requisito es la obtención de pruebas genéticas, que deben tomarse en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La meta es que cada caso se resuelva. Para que cada familia que padece por una situación del tipo, concluye, recobre la tranquilidad.

SABER MÁS
El Estado, obligado a responder

Por acción, omisión o permisividad, el Estado mexicano, en todos sus niveles, debe hacer frente a los casos de desaparición forzada por esas razones. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Gobierno signaron un convenio para cumplir.

Sin embargo, falla. Tanto, que ni siquiera reconoce todos los casos. Por eso hay una variación notable entre las cifras de las instancias gubernamentales y de las asociaciones civiles.

EN BUSCA DEL HIJO PERDIDO
Cuatro años de pesadilla

Encaró a Felipe Calderón. No sabe cómo lo hizo, pero burló la seguridad que el Estado Mayor Presidencial le brindaba y le exigió, en un evento público, que le dedicara un tiempo.

Lupita Aguilar había probado ya el desdén de autoridades municipales y estatales para tratar el tema de su hijo, cuyo rastro se perdió el 17 de enero de 2011. El último atisbo de buena voluntad por parte del Estado era, precisamente, el diálogo que finalmente le concedió el entonces Presidente de la República.

Hablaron poco, pero al final el primer mandatario le prometió que “encontrarían a su hijo”. Eso ocurrió el séptimo día de septiembre, hace dos años.

“Ni una hora pasó” después de la plática, cuando dos generales de altísima distinción la habían contactado. Le pidieron todos sus datos y ella siguió instrucciones, y aunque pudo establecer comunicación directa con ellos, un par de meses después los celulares de ambos habían sido desactivados. “Les marcaba y el teléfono estaba fuera de su área de servicio”.

Ese fue el último diálogo con la autoridad que tuvo Lupita. La “promesa Presidencial” quedó rota.

“Estaba muy contenta: había hablado con la mayor autoridad del país. Dije: ‘ahora sí lo voy a encontrar, si no es con su ayuda entonces no sé con qué’. El Presidente se mostró muy formal, y ahora, con el tiempo, pienso que fui objeto de una burla más”. Por seguridad, prefiere no dar el nombre de los militares. “No sabes hasta dónde me he metido”.

José Luis Arana Aguilar. Así se llamaba su hijo. Ella lo menciona en tiempo pasado, pues asegura que el Estado mismo le ha quitado la esperanza de encontrarlo vivo... o muerto.

Lanza calificativos contundentes para soportar su aseveración. Desde su óptica, las técnicas que el Estado usó para desenterrar más de 80 cadáveres en unas fosas localizadas en noviembre de 2013 en el municipio de La Barca, fueron “asquerosas” y generan desesperanza porque al usar máquinas retroexcavadoras, las probabilidades de rastrear el perfil genético de los restos se reducen al mínimo.

Lupita, un caso entre los miles de mexicanos que padecen por la desaparición de un familiar, descartó hace mucho al Estado como la instancia correcta para dar con el paradero de José Luis. El mismo día en que su hijo no acudió por sus nietos cuando salían de la escuela emitió un reporte en Locatel; después lo hizo ante la Policía y antes de que concluyera el día, ante la Procuraduría de Justicia.

¿La respuesta? “Esté tranquila, señora. Lo más seguro es que se fue de borracho; o con unas ‘morras’”.

También le dijeron que el reporte formal de desaparición no podía hacerlo sino hasta 72 horas después de desconocer su paradero. Curioso: no tuvo mayores trabas para el trámite en el que reportó el automóvil en el que viajaba su descendiente.

“La denuncia se levantó muy a fuerzas. ¡Qué incongruencia hay! ¿Cómo es posible denunciar un carro robado y a un hijo perdido, no? Los investigadores me decían que no hiciera pública mi denuncia, porque luego me llamarían para extorsionar. Yo pienso que la autoridad le da tres días de ventaja a los delincuentes”.

Insistencia. María Elena se reúne cada dos meses con autoridades para escuchar que la investigación sigue “estancada”.

FRASES

"Estaba muy contenta: había hablado con la mayor autoridad del país. Dije: ‘Ahora sí lo voy a encontrar (a su hijo). El Presidente se mostró muy formal, y ahora, con el tiempo, pienso que fui objeto de una burla más "

"Cuando se llevan a alguien de la familia se pierde la tranquilidad… se pierde la concordia y la armonía porque vives con histeria y angustia. Pero si ya perdí un hijo, qué importa lo demás "

Lupita Aguilar, madre de desaparecido.

La búsqueda incansable

El día uno, Lupita salió a la carretera. Buscó el auto, hizo reportes, fue rechazada por el Estado. Pero fue hasta que interpuso la denuncia cuando “comenzó su calvario”.

Finalmente desoyó a la autoridad y acudió a un canal local de televisión. Atravesó una ruta “pedregosa” hasta que, dos meses después de la desaparición, hallaron el automóvil de su hijo en Colima. Eso renovó sus esperanzas.

Acudió a la Entidad vecina. Habló con el gobernador y la procuradora de Justicia. Hizo trámites y gestiones ante ellos para que le permitieran regresar el vehículo y dejarlo en manos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo logró, pero el carro ya había sido manipulado. No había pista alguna en su interior. “Fue muy triste porque fueron cuatro meses de esperanzas e ilusiones”.

No obstante, el expediente sobre esa desaparición sigue abierto. Hoy se considera una desenterradora. Cuando escucha el hallazgo de una fosa, allí se dirige. Eso ha motivado a sumarse a 200 madres en la misma situación, para dar origen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene entre sus tareas la de fungir como “observadores ciudadanos”, especialmente en hallazgos delicados como el de una narcofosa. La Comisión procura asesoría a personas que recientemente han perdido a un ser querido. Agradece a Dios tener empleo para dar continuidad a las pesquisas que inició por cuenta propia. “Y ese no es el caso de muchos, que se han quedado sin nada. En serio: nada, en las búsquedas”.

LA CIFRA

400 casos de desaparecidos han sido resueltos por la Fiscalía General de Jalisco.

2,113 personas están desaparecidas en el Estado, según el Registro Nacional (a octubre de 2014).

2 es el puesto nacional que tiene Jalisco en materia de desaparecidos.

22,322 pesonas sin paradero; es el último registro oficial del Gobierno de la República.

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