Rindió declaración Gregorio 'Greg' Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (27/MAY/2010).- El candidato izquierdista al gobierno estatal de Quintana Roo detenido por presunto lavado de dinero del narcotráfico negó ante un juez federal las imputaciones, mientras el presidente Felipe Calderón lamentó que el caso pueda desatar una confrontación política.

El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, dijo  que el candidato Gregorio Sánchez rindió la noche del miércoles su declaración en el juzgado que sigue su caso y ahí rechazó los cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El portavoz refirió que el juez debe resolver hacia el sábado si le inicia o no un proceso penal al candidato de los partidos izquierdistas de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia en las elecciones estatales del 4 de julio.

Se investiga su presunta participación en uso de recursos de procedencia ilícita y vínculos con los carteles de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas.

Las investigaciones comenzaron en enero debido a una denuncia anónima y luego se fortaleció con declaraciones de testigos protegidos y de una notificación de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda que reportó depósitos de grandes cantidades de dinero en sus cuentas.

Según la PGR, el candidato había reportado ingresos por 1.53 millones de dólares, aunque realizó retiros por más de 2.4 millones de dólares.

Por otra parte, los derechos político electorales del aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por la Alianza PT, PRD y Convergencia, Gregorio Sánchez, siguen vigentes y por lo tanto puede votar y ser votado, señalaron consejeros del IFE. 

Los consejeros Benito Nacif y Marco Antonio Baños refirieron que con base en la Constitución Política 'Greg' Sánchez Martínez mantiene vigente su derecho de ser votado hasta que no se dicte auto de formal prisión en su contra, razón por la cual se mantiene como candidato. 

Baños Martínez refirió que con base en el Artículo 38 apartado II de la Constitución Política, una persona pierde sus derechos políticos cuando se le dicta auto de formal prisión. 

Nacif Hernández refirió que una vez que se dicta el auto de formal prisión, el juez competente notifica al Instituto Federal Electoral (IFE) para que se proceda a darlo de baja del padrón.