Rescatan a 200 tarahumaras de explotación laboral en BCS

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAR/2015).- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS), Alfonso Navarrete Prida, informó que fueron rescatados más de 200 indígenas de la Sierra Tarahumara que eran explotados por una empresa de la que reconoció que detrás pueda haber una organización criminal, que tenía a las personas viviendo en condiciones insalubres y hacinamiento en un campo de producción de papa del municipio de Comondú, Baja California Sur.

En conferencia de prensa, expuso que el hallazgo se dio luego de una inspección realizada por personal de la dependencia y después se realizó un operativo en el que participaron autoridades y personal de los gobiernos federal, estatal y municipal, en donde se detectó al menos 15 niños desde bebés hasta adolescentes menores de 14 años, 10 de los cuales se encontraban trabajando fuera de lo que marca la ley.

Detalló que entre las irregularidades y presuntos delitos que se pueden deslindar están: trata de personas, explotación laboral, explotación infantil y posible privación de la libertad, así como diversas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y sus familias.

"Los inspectores comisionados confirmaron lo denunciado por una de las víctimas y constataron que un primer grupo de 100 trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres; hacinados en pequeñas chozas elaboradas de manera provisional con palos, cintas, plásticos negros, costales y cartón, entre charcos de lodo y basura.

"Con baños totalmente contaminados y poco acceso al agua. Ahí se encontró un aproximado de 15 niños desde bebés hasta adolescentes menores de 14 años".

Navarrete Prida resaltó que en un predio que se utilizaba como vivienda, operado por la empresa involucrada denominada Sociedad de Producción Rural El Cerezo, también se encontró un segundo campamento de trabajadores agrícolas de la sierra Tarahumara, con otras 100 personas en las mismas condiciones de insalubridad y hacinamiento que el primero. Se encontraron hombres, mujeres y niños.

"Este segundo campamento presentaba casitas provisionales con hule y costales en los que dormían hasta 10 personas, ropa sucia y amontonada, poco abastecimiento de agua, baños portátiles totalmente sucios, niños alojados sin cuidado de un adulto con el riesgo de deshidratación por las altas temperaturas, agua encharcada, basura amontonada, por lo que había una proliferación importante de moscas e insectos que pueden transmitir infecciones tanto estomacales como de otra índole".

"También estaba habilitada un área como cocina, donde se preparaban los alimentos para las más de 200 personas que laboraban en el campo. Este espacio también se encontró en condiciones pésimas de higiene, con alimentos tirados en el suelo, trastes y utensilios de cocina sucios y las personas encargadas no contaban con ninguna medida de higiene".

Alfonso Navarrete resaltó que durante la inspección se entrevistó a dos "enganchadores" de nombres Alejandro "N" y Fortino "N", quienes aceptaron ser responsables del traslado de los trabajadores desde el municipio de Creel en Chihuahua, hasta Baja California Sur para emplearlos en la cosecha de papa por un lapso de seis semanas.

Posteriormente, aseguraron, los llevarían a cosechas en Sinaloa y Sonora.

Aceptaron que no les pagaban sueldo de manera correcta y sólo les prestaban abonos de 200 pesos para que compraran algunas cosas necesarias y al final de la cosecha les liquidaban: Los "enganchadores" cobraban al patrón ocho pesos por costal de papas, mientras que a los jornaleros sólo les daban cuatro pesos por bulto.

El titular de la STPS señaló que coordinados con la Secretaría de Desarrollo Social, se integró a las personas al Programa de Movilidad de Jornaleros Agrícolas que consiste en un apoyo de 800 pesos para el traslado de las familias que se dedican a la cosecha de diversos productos.

Paralelamente, ante las diversas conductas delictivas encontradas durante la inspección, se solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur por el delito de trabajo infantil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó un acta circunstanciada por presuntas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y sus familias.

Dijo que se realizarán las investigaciones necesarias y posteriormente se deslindarán responsabilidades y la detención, así como consignación de los mismos.