Reorientar estrategia

Las estrategias del Estado mexicano contra el narcotráfico han fracasado. Entre los indicadores que lo demuestran está la cifra de crímenes. En lugar de disminuir, lo que demostraría que se tiene bajo control a la delincuencia, van al alza: más de ocho mil ejecuciones en 2009, arriba de 900 tan sólo en enero. El país está sumido en la violencia. Nadie está a salvo. Lo ejemplifican las recientes matanzas de 16 jóvenes en Torreón, y de 18 en Ciudad Juárez.

Son múltiples las voces que exigen un cambio de estrategia. Vaya, hasta el mismo ex gobernador y ahora diputado federal panista, Francisco Ramírez Acuña, lamentó el lunes pasado que “tengamos tantos muertos en todo el país”, para luego señalar que se requiere “de una revisión profunda de la estrategia del Gobierno federal”.

Uno de los peores indicadores de que las estrategias puestas en marcha contra el narcotráfico han fracasado, es el aumento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los operativos. Para demostrarlo basta revisar el Informe de Actividades 2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentado la semana pasada por su presidente Raúl Plascencia Villanueva.

De las 113 autoridades a las cuales se dirigieron las 78 recomendaciones emitidas por la CNDH el año pasado, 38 se destinaron a los titulares de las dos principales dependencias encargadas de combatir el narcotráfico: el secretario de la Defensa Nacional, con 30, y el procurador general de la República, con ocho. Es decir, 48% de las recomendaciones fueron por acciones violatorias de derechos humanos de militares y agentes federales.

De los hechos violatorios que dieron lugar a las 78 recomendaciones, el informe señala en los primeros lugares los siguientes: detención arbitraria, 24; prestar indebidamente el servicio público, 24; trato cruel, inhumano o degradante, 23; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficaz desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, 15; y retención ilegal, 13.

Sumaron 477 las autoridades señaladas en 2009 como presuntas responsables de violación a los derechos humanos en los expedientes de queja; en primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional, con mil 791 quejas, muy lejos del segundo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 701.

En la lucha contra el narcotráfico han perdido la vida cientos de policías municipales, estatales y federales, así como militares que cumplieron con honra y patriotismo su deber. Proteger a la población, erradicar las violaciones de derechos humanos en los operativos, sancionar a quienes las cometan, debe ser parte relevante de la reorientación o cambio de estrategia de combate al narcotráfico; porque la actual, fracasó.