Reforma laboral levanta polvos

La iniciativa que el mes pasado presentaron diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo ha levantado polvos. No sólo por las críticas que ha recibido la propuesta, sino también por inconformidades que con distinto tono han surgido al interior del propio partido, por el uso político que le ha dado el priismo nacional al posponer su discusión y aprobación luego de las elecciones en el Estado de México y por la firma de aval al proyecto que consiguió del Partido Acción Nacional (PAN).

Lo grave es que, hasta ahora, aun con esta nueva intentona de reforma laboral, la mayoría de los asalariados, víctimas o beneficiarios de lo que podría aprobarse, desconocen y están al margen de lo que se negocia dentro y fuera del Congreso de la Unión.

El riesgo de que se aprueben medidas anti obreras, como acusan los opositores a la iniciativa, podría generar inconformidades sociales en el país, que rebasarían los controles sindicales corporativos que medran política y económicamente a costa de los trabajadores. Una decisión o un conjunto de decisiones que lastimen aún más los bolsillos ya agujereados de los asalariados, implica lanzarlos, en muchos sentidos, a la calle.

Modificar la Ley Federal del Trabajo para una posible reducción de derechos laborales o para profundizar la injusticia laboral que se padece en numerosos centros de trabajo, en un país con 50 millones de pobres, irritaría a quienes aspiran a legítimas mejores condiciones de vida. No es, por tanto, un asunto menor.

Agravar la miseria en el país a través de una reforma anti asalariados es incrementar la delincuencia, es atizar la migración a Estados Unidos, es limitar las aspiraciones de estudio y empleo de los jóvenes, es generar más violencia para nada deseable.

La Cámara de Diputados tiene propuestas para reformar la legislación laboral que deben ser revisadas con lupa: la que presentó el panismo con el visto bueno del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien se ha caracterizado por su política anti obrera; la del Partido de la Revolución Democrática, que no ha prosperado, y la del partido tricolor, dada a conocer en marzo por el diputado priista Tereso Medina Ramírez. A éstas, sumemos cientos de pequeños cambios que se han planteado.
Posibles modificaciones a la ley, como las distintas formas de contratación, por ejemplo, han generado polémica. La demanda es que el discurso oficial de la competitividad y productividad no se use para encubrir mayor explotación de los trabajadores o eliminación de prestaciones que ya conquistó.