Reforma contra la pederastia

Los casos de pederastia han puesto de manifiesto que esa práctica criminal se ha mantenido bajo la sombra del secreto en buena parte del mundo. Se ha producido una verdadera ola de denuncias en gran parte de Europa, los Estados Unidos; ahora en América Latina y en México.

La cuestión central de la discusión está en el encubrimiento que las instituciones y sus dirigentes hacen de los hechos, para evitar la intervención de la justicia. Es un asunto ético-jurídico, que implica la conducta de las personas involucradas en instituciones a las que se confía a los menores.

La organización Boys Scouts of America fue condenada el viernes a pagar 20 millones de dólares, y en el sistema educativo local hay varias investigaciones en curso. Para El Vaticano la situación se ha convertido en motivo de escándalo por los casos registrados en Alemania, Estados Unidos, y México. La presión creciente ha llegado a los más altos niveles, al grado que el portavoz, el jesuita Federico Lombardi, afirmó este sábado que ha llegado el tiempo de la “verdad, de la transparencia y la credibilidad” y siguió: “La situación que vivimos es extremadamente exigente y nos pide que seamos absolutamente creíbles y verdaderos”. Parecieran los primeros pasos hacia una nueva y sana posición.

Más allá del escándalo, estamos ante la ocasión de revisar con responsabilidad las cuestiones éticas y jurídicas relacionadas con este lamentable hecho social y establecer cambios para evitar que se repitan. Aunque seguramente por sí mismas las organizaciones religiosas y educativas mejorarán sus controles, es necesario hacer públicas las trayectorias y detalles del comportamiento de sus miembros en contacto con los menores; mientras que las legislaciones deben establecer mecanismos para hacer mucho más lenta la prescripción de estos delitos, que normalmente se conocen años después de cometidos. Ya hay muestras de que habrá reformas: la Iglesia Católica parece reaccionar tarde pero consistentemente, con un acto de reconocimiento, aunque resulta lamentable la actitud de algunos representantes que aun abogan por evitar que se someta a la autoridad civil a los encubridores. En el ámbito judicial la ministra de justicia de Alemania ya se declaró lista para aumentar plazos de prescripción y el Gobierno teutón activó un plan para apoyar a las víctimas de estos delitos.

Es momento de asumir la verdad y actuar en consecuencia. Las instituciones a las que se confían los menores, sea del signo o credo que sea, deben hacer pública la trayectoria de profesores, supervisores, sacerdotes y cualquier personal relacionado con los niños. Deben notificar a los padres cualquier irregularidad detectada y por supuesto a las autoridades, como obligación penada gravemente en caso de desobediencia. Ningún argumento contra la transparencia es válido. Es tiempo de reformar las normas en materia de educación, salud y asistencia en ese sentido. Además es prudente reformar las normas penales para hacer que la pederastia prescriba 10 años después de que los menores afectados cumplan la mayoría de edad, y se establezcan mecanismos eficientes para la reparación del daño mediante indemnizaciones.

Se trata de medidas a las que debe someterse la sociedad y sus organizaciones para proteger a los niños. La autoridad no puede esperar a soluciones inerciales por parte de las organizaciones educativas o religiosas. Su obligación es actuar ante los hechos, al fin de cuentas es a la autoridad a la que se confían la mayor parte de nuestros menores.