Recta final

El Congreso de la Unión dobló ayer hacia la recta final de lo que será el último periodo ordinario de la LX Legislatura. Y lo ha hecho tendido, muy fiel a su costumbre, a todo trapo justo cuando los tiempos están allí, a punto de concluir.

En el Senado, ayer por la noche, la Ley de Salarios Máximos ha salido de la Comisión que la dictamina, la de Gobernación, bajo el anuncio orondo de que el jueves el pleno la aprobará, refrendando lo que los diputados les enviaron desde hace 15 días. Quien ganará más en el servicio público será el Presidente de la República, con sus excepciones en el Poder Judicial. Y no dejará de ser, sin embargo, un tema a debate, porque en sus entresijos —decía un grupo de diputados cuando éstos la discutían en el pleno— va el diablo asomando la cola, con el propósito de desatar la discordia.

En San Lázaro, ayer, han salido también rumbo al Senado una media docena de dictámenes aprobados, como el de la reforma a la Ley del Seguro Social, que propuso Felipe Calderón y que tiene como punto esencial permitir que los trabajadores puedan retirar hasta 30% de sus ahorros, y no sólo 10%, como actualmente está en la norma.

En el Senado, finalmente fueron terminadas de aprobar las reformas a la Ley del Banco de México y a la Ley de Instituciones de Crédito, relativas al control y regulación de los bancos en sus comisiones e intereses.

Ya nadie respingó. Cuando el orden del día llegó al tema, fue aprobado por el pleno el articulado que había quedado pendiente desde el jueves pasado. En lo general, ya estaba aprobado el paquete de leyes. En lo particular, faltaba. Y ayer se cumplía. Los panistas intentaban convencer, en sus declaraciones, de que las reformas salen al paso del tremendo malestar que ya tiene la ciudadanía contra los bancos y contra las autoridades. Difícil. En esa atmósfera legislativa quedó desde antes de la Semana Santa traslapada la versión de que las reformas sólo fueron una simulación; un intento de dar “atole con el dedo” a la gente, porque en realidad a esos poderes fácticos en que ya se transfiguraron los bancos comerciales no les hicieron prácticamente nada, porque a nada los están en realidad obligando, en el asunto de las altas comisiones y tasas.

En San Lázaro, los puntos de acuerdo volvieron a reinar en la asamblea plenaria. Uno de ellos, apenas presentado y turnado a comisiones, ha vuelto a aparecer con una exigencia social que, hasta el momento, nadie en el Gobierno ha optado por considerar: la disminución de las tarifas de la energía eléctrica en entidades que actualmente están siendo azotadas por el calor.

La diputada proponente, Yolanda Mercedes Garmendia, se refería particularmente a Quintana Roo, donde los termómetros están botándose más allá de los 45 grados de modo recurrente. Delante de esta solicitud de Garmendia, han llegado también similares que mencionan a estados como Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo.

Más allá de las actividades en la sesión ordinaria, podían mirarse algunas comisiones legislativas montadas en la urgencia por dictaminar leyes aún pendientes.

Para este jueves, por ejemplo, el PAN quiere que sea aprobada la cuenta pública de 2006, incluso cuando todavía no son aprobadas las de 2002, 2003, 2004 y 2005.