Realizan segunda diligencia judicial de caso ABC

HERMOSILLO, SONORA (06/DIC/2012).- Por segunda vez en los últimos tres años y medio, deudos de niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC se vieron las caras con los propietarios de esa estancia infantil en la que, tras un incendio, murieron 49 menores y más de 70 resultaron lesionados.

El encuentro fue en las instalaciones del Juzgado Primero de Distrito, donde se llevó a cabo la diligencia conocida como Ampliación de Declaración, promovida por el abogado del grupo de padres "Manos Unidas Por Nuestros Niños", Gabriel Alvarado Serrano.

Dos integrantes de aquella sociedad fueron citados ante el mencionado juzgado: Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez.

Ambos se presentaron en el lugar, pero declinaron responder a las 12 preguntas que a cada uno le formuló el personal judicial, pues se acogieron a la garantía constitucional de no declarar.

La negativa de Téllez Nieves y Salido Suárez causó molestia en los deudos que estuvieron presentes en el procedimiento. A cada pregunta que no había respuesta surgían los reclamos, por tal motivo que el personal tuvo que ubicarlos en áreas separadas, a solicitud de los acusados.

¿Quién realizó el trámite para la subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social?, fue uno de los cuestionamientos planteados.

¿En qué lugar se firmó el convenio con el IMSS?, fue otra de las preguntas que tampoco tuvo respuesta.

Una interrogante más fue: ¿Con qué persona del IMSS se negoció el contrato de subrogación?

El abogado, Gabriel Alvarado explicó en entrevista que las preguntas fueron tendientes a conocer más sobre la operación de la guardería, toda vez que los propietarios han sostenido que nada tenían que ver con esas labores.

Señaló que esta diligencia se encuentra enmarcada en el expediente 126/2009.

La diligencia duró alrededor de una hora.

El 5 de junio de 2009 la bodega que albergada a la guardería ABC ardió en llamas y ocasionó la muerte de 49 menores y lesiones en decenas.

A tres años y medio de la tragedia, dos personas se encuentran privadas de su libertad por estos hechos; mientras que otras 25, entre las que se encuentran ex funcionarios de todos los niveles de gobierno y particulares, han depositado fianzas para enfrentar los procesos judiciales en libertad.