Ramírez Acuña quiere suprimir 232 plazas legislativas

CIUDAD DE MÉXICO.- En la recta final del periodo ordinario de sesiones, que finaliza el viernes, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, presentó una iniciativa que, de aprobarse, posibilitará la supresión de los 200 diputados federales y 32 senadores que lo son por la vía de la representación proporcional.

Para que suceda, los cuerpos legislativos deberán aprobar las modificaciones de los artículos 52 y 71 constitucionales.
Ramírez Acuña explicó: “Los métodos electorales no pueden ni deben ser eternos. Lo que en un tiempo tuvo razón de ser, hoy debe modificarse para dar paso a otros nuevos (sistemas de elección), acordes a la realidad actual del país”.

El legislador por Jalisco fundamentó que su iniciativa se basa en la “demanda ciudadana”, en el sentido de que desaparezcan los diputados plurinominales.

Si bien reconoció que varios legisladores de representación plurinominal, en el pasado, “han contribuido con una gran experiencia a la Cámara de Diputados”, hoy la realidad es diferente.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Atorón legislativo en última semana

De aquí al viernes próximo, el Congreso de la Unión se internará por una delirante actividad legislativa, por las docenas de leyes que perfiladas están para su aprobación. Pero la perturbación de los ánimos tampoco faltará, porque entre ese manojo de dictámenes se incluyen iniciativas constitucionales que aspiran a influir en la vida inmediata de la República.

En San Lázaro, nadie el pasado viernes, último día hábil de la semana en el Poder Legislativo, se atrevió a ponerle número al cúmulo de iniciativas que, en el sesionar del martes, miércoles, jueves y viernes próximos, se discutirán y votarán.

Pero el frenesí legislativo comenzó, de hecho, desde la semana antepasada, cuando más de 10 comisiones ordinarias sesionaron febrilmente con miras a dictaminar y dictaminar. Y a partir del pasado miércoles, los dirigentes de las bancadas se veían presionados por diputados de todas las comisiones para que consideraran docenas de iniciativas, para su dictamen.

Legisladores federales priistas como Arturo Zamora Jiménez han afirmado: “El número preciso nadie lo sabe todavía; pero serán muchas las iniciativas que se dictaminen y aprueben en la Cámara de Diputados, antes de que concluya el actual periodo ordinario”.

Ahí mismo, en San Lázaro, la diputada federal perredista Claudia Anaya anunció que hoy, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sesionará para dictaminar la Cuenta Pública de 2007, que la asamblea plenaria votará mañana.

Enrique Ibarra Pedroza, del PT, sintetiza: “El PRI insistirá en la aprobación de la Ley de Banca de Desarrollo; Acción Nacional insistirá en la iniciativa presidencial de la Ley de Seguridad Nacional; y los diputados de Andrés Manuel López Obrador (en el PT y un sector del PRD) en modificaciones a la ley que crea el fideicomiso para ex braceros, y en reformas legales para jubilados y pensionados”.

Lo anterior, independientemente de que toda la semana se fueron presentando a raudales iniciativas para su revisión y posterior dictamen.

Una de ellas, la de Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, quien propuso enmendar la Constitución Política para que desaparezcan los diputados y senadores plurinominales.

En la Cámara de Senadores, el anuncio de que mañana habrá cuando menos 16 dictámenes de reformas de ley que están en su primera lectura, más otra veintena de dictámenes de Puntos de Acuerdo, permite darse una idea de la carga de trabajo legislativo al que las asambleas ordinarias se someterán, en esta recta final del segundo periodo ordinario del primer año de la LXI Legislatura.

El pasado jueves, el Senado daba tonos de claridad cuando la Comisión de Justicia y la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaban el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

Hoy, las dos mismas comisiones se reunirán a partir de las 18:00 horas para seguir en el cabildeo de la Ley General de Antisecuestro.

El senador Tomás Torres Mercado dijo que es previsible que en Xicoténcatl se sesione martes, miércoles, jueves y viernes.

Seguridad pública

La Ley de Seguridad Nacional, en el Senado, es uno de esos dictámenes de ley que tendrán mañana su segunda lectura, ante la asamblea, para su discusión y votación final.

La iniciativa de Ley General de Antisecuestro lleva el sello de la controversia.

Cuando el Presidente Felipe Calderón la propuso, incluía las operaciones encubiertas, las escuchas ambientales, la inexcusabilidad de rendir testimonio y los decomisos por valor equivalente al monto del rescate.

El viernes pasado, esas cuatro condiciones jurídicas habían sido eliminadas, luego de un cabildeo donde juristas metidos a senadores como Tomás Torres Mercado contraargumentaron, diciendo que una ley así sería propia de un Estado represor, donde la sociedad se convertiría en rehén.

Hay, sin embargo, otros aspectos de la Ley Antisecuestro todavía “encorchetados”; es decir, sujetos a negociación parlamentaria, como el de los testigos pagados y recompensas que el Ejecutivo federal propuso en su iniciativa original.

En cambio, han incorporado ya, para un eventual dictamen, la propuesta de Torres Mercado de la integración del Fondo para la Atención de Víctimas de Secuestro, para que no sólo el delincuente pague forzosamente en la reparación del daño a la víctima, sino que también participe en dicha reparación el Estado mexicano, haciéndose responsable subsidiario, con apoyos de diverso tipo a las víctimas.

El Fondo estaría constituido, según la propuesta del senador Torres, con recursos presupuestales asignados directamente por la Cámara de Diputados; un porcentaje de lo que se obtenga por extinción de dominio, y la acumulación de otros fondos que ya existen para la administración de la justicia.

El mismo Torres propuso la incorporación en la Ley de Antisecuestro la indescriptibilidad del delito de secuestro, en el ejercicio de la acción penal. Y, se incorporó también a la propuesta presidencial, que en el caso de secuestro no procederá la reserva del expediente. Y explicaba Torres que cuando la Policía bajo el Ministerio Público que investiga denuncias no encuentra elementos suficientes, suele reservar, archivar, el expediente. Pues con la reforma, la Policía no podrá reservarlo.

Consensos legislativos

Como fue anunciado en su dictamen de comisión, la futura Ley de Seguridad Nacional causó la impresión que estaba consensuada.

Por ejemplo, un tema toral que incorporaron en comisiones los senadores al dictamen, fue el hecho de que los gobiernos estatales podrán solicitar, a través de sus congresos el auxilio de las Fuerzas Federales, en casos de afectación grave de la seguridad interior.

Vicente Bello

Lista de espera

1.- Reforma parcial a la Ley General de Cultura Física y Deporte, mediante la cual se castigarán actos de discriminación y xenofobia contra deportistas, por su origen étnico o nacional.

2.- Modificaciones a la Ley Federal de Correduría Pública con el propósito de que corredores puedan actuar como fedatarios públicos en lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva. Y cuando fedatarios actúen fuera de su plaza, deberán informarlo.

3.- Existe dictamen de comisión en el Senado para un proyecto que abroga la ley que determina que los impuestos de importación y exportación sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal.

4.- En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, una reforma en marcha propone la creación de comités consultivos alimentarios, mismos que deberán considerar las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales en el territorio nacional.

5.- Existe otro despacho de comisión que modifica parcialmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante el cual se mandata el uso de tecnologías de información y comunicación, tanto para su formulación como la difusión de avances con los diversos actores de la sociedad rural.

6.- El Senado refrenderá reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que la Cámara de Diputados ya aprobó. Tiene las siguientes características: tendrá como límite la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, y los derechos de terceros.
En dicha norma se establece que cuando se trate de datos personales del tipo racial, étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular.