Queda un lado favorable

La Marcha por la Paz liderada por Javier Sicilia debe ser la semilla de un fruto que en algunos años disfruten mexicanos que, hoy niños, serán adultos cuando se haga realidad el país que ahora apenas es intento. Los saldos inmediatos de la caminata contra la violencia —y no será la última— son negativos y positivos.

En el primer apartado debe considerarse el reto lanzado al Presidente Calderón para que renuncie el secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Es éste un saldo negativo, porque una movilización que escapó a los partidos políticos y unió a los mexicanos en todas las regiones del país (también generó simpatía internacional), no puede constreñirse al simple cambio de un funcionario... Calderón no va a sacar a su secretario porque sería un mensaje de debilidad que no está dispuesto a regalar.

Luego entonces, según el discurso del líder-poeta, el Presidente habrá demostrado que no atiende los reclamos sociales.

A este falso dilema y a la polarización creciente, ya se suman dirigentes partidistas y figuras del ámbito político que sólo harán más intenso el griterío en pos de una demanda simple, pero de compleja realización: paz y Estado de derecho.

El saldo positivo y más duradero del movimiento que inició en Cuernavaca y tuvo eco también en ciudades como Guadalajara —donde se dice que prevalece la apatía de la gente—, es la comprobación de que más allá de los organismos políticos y del espacio de la autoridad, también hay posibilidades de construir futuro y resolver problemas tan complejos como inseguridad, violencia y ejecuciones.

Los miles de manifestantes hicieron una constatación: cuando existe causa básica y una determinación que aglutina a los individuos, no es indispensable que una autoridad encabece los esfuerzos comunes en pos de un objetivo; eso tan aparentemente desordenado y amorfo que se denomina “masa”, puede tener dirección, esfuerzo conducido.

La meta, cierto, está lejana. Todos los análisis coinciden en que la violencia, antes que reducirse, aumentará.

Se prevé que el número de ejecuciones crecerá por fenómenos tan evidentes como la negativa del Gobierno federal a aceptar la posibilidad de cambiar la estrategia de combate al crimen; el retraso de urgentes reformas judiciales y de seguridad apegadas a los derechos humanos; el permanente cálculo político de gobiernos estatales y municipales para dejar la tarea de la lucha anticrimen al Gobierno federal y, en fin, porque la producción, trasiego y venta de drogas ilegales es un negocio multimillonario, aunque cueste miles de vidas.

Y a pesar de ello, aunque los recursos son insuficientes y la capacidad de las autoridades está rebasada, los ciudadanos comprobaron otra vez que pueden formar tejido social para proponer y asumir cambios, “pagar” con la moneda de la congruencia para tener convivencia pacífica y exigir el cumplimiento de responsabilidades.