En entrevista, el senador Jesús Garibay, del PRD, indicó que el objetivo es que quienes reciban el beneficio cubran su costo, para que no sea asumido por el Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Aseveró que Sepomex no alcanza el nivel óptimo de modernización y mejoramiento operativo en la prestación del servicio público de correos por la escasez de recursos. La paraestatal funciona "con una operación deficitaria que no puede ser compensada con otros servicios de paquetería, ante la competencia de las compañías particulares", sostuvo Garibay. Recordó que también está el problema de las franquicias postales, que es una obligación de Sepomex proporcionarlas a los partidos políticos y a los Poderes Judicial y Legislativo, que representan "un sangrado indebido a una institución fundamental". Garibay reveló que en el caso de los partidos, el costo de las franquicias postales es cubierto por el Instituto Federal Electoral (IFE), que cada año destina un monto de su presupuesto al pago de esa prestación. Otra franquicia postal es la que beneficia al Poder Judicial, por la que las oficinas de correos y telégrafos reciben y transmiten, sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo. "Se trata de agilizar los procedimientos judiciales para garantizar la protección de los derechos de la persona frente a la acción de la autoridad que pudiera violentarlos", añadió el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). "La razón que sostiene la franquicia postal judicial es superior a la de por sí amplia motivación social que asiste al fortalecimiento financiero del servicio de correos", justificó el senador. Sin embargo, la franquicia postal legislativa es la que mayor preocupación genera, luego de las denuncias de que un reducido número de senadores hizo más de un millón y medio de envíos en 2007, lo que implicó un gasto para Sepomex. Garibay sostuvo que la naturaleza de la franquicia postal legislativa es dudosa ya que no es explicable. Por ejemplo, el por qué se otorga gratuidad en el servicio de correo a los legisladores como una forma de incentivo fiscal. "Tal beneficio no engendra ni productividad, ni redistribución económica o justicia fiscal sino se traduce en una bonificación en especie que soporta la actividad política o promocional de los representantes", subrayó. El senador por Michoacán precisó que debe legislarse en materia de franquicias postales para garantizar que su aplicación cumpla una finalidad social relevante y no dañe el presupuesto del Servicio Postal Mexicano. Informó que su iniciativa de reformas a la Ley de del Sepomex establece la obligación de los beneficiarios de cubrir el costo de la franquicia o el mecanismo para financiarlo, para que no lo asuma el organismo. NOTIMEX 10:53 22/03/08 ccms
