Proponen diputados reforma para evitar monopolios

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa de reforma para prevenir monopolios y daños por prácticas desleales de comercio por parte de las grandes compañías en detrimento de las micro, pequeñas y medianas empresas.   

La iniciativa que reforma el Artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por la presidenta de la instancia legislativa, Adriana Rodríguez Vizcarra, señala que hay más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).  

Estas representan 99.8 por ciento del total de empresas, y generan 72 por ciento del empleo total del sector y aportan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).  

Las grandes empresas monopólicas prometen precios bajos y ofertas, pero llevan a la ruina a la sociedad y a los pequeños empresarios, amén de que explotan a los proveedores y alteran el ritmo y la calidad de vida del entorno donde se instalan.  

El documento subraya que lo anterior genera desempleo o empleos mal pagados, salarios con vales o tipo tiendas de raya, ambulantes ilegales y delincuencia.   

Los micro, pequeños y medianos empresarios, así como los proveedores quedan en estado de indefensión ante la fuerza económica de las grandes empresas, por lo que se ven obligados a aceptar condiciones desastrosas o cerrar sus negocios ante la desigualdad competitiva, menciona.  

El problema radica en las prácticas monopólicas que realizan esas empresas, pues sus estrategias de compra consisten en contratos abusivos con proveedores que impiden el acceso a competidores y que establecen precios y condiciones que nunca podrá igualar las Mipymes, destaca.  

El texto señala que la recaudación de impuestos para beneficio del país se ve afectada con estas prácticas, ya que trasladan las pérdidas y utilidades a su arbitrio, de país a país, de una empresa del grupo a otra, de un producto a otro, deformando las prácticas contables y fiscales.  

La iniciativa resalta que en México no hay instrumentos normativos para combatir estas prácticas, pues la capacidad hegemónica de las grandes sociedades nacionales y transnacionales genera concentraciones de poder económico y político, distorsionan los mercados y los precios.  

Por ello, se pronuncia porque el Estado brinde seguridad jurídica justa y equitativa para invertir a largo plazo y generar ganancias eficientes en la producción o venta de cualquier producto, eliminando todo tipo de acciones monopólicas o hegemónicas con precios predatorios y subsidios cruzados.   

Asimismo, porque se establezcan bases orientadas a prevenir o corregir los daños que puedan ocasionar las prácticas desleales de comercio y adoptar medidas temporales para la participación justa y equitativa de las Mipymes.  

También por la desconcentración del poder económico y la prevención de monopolios, empresas hegemónicas y usos indebidos de posiciones de dominio, tanto económico industrial o comercial.