CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- El senador priista, Arturo Zamora, presentó una iniciativa de reformas para proponer tipificar como delito federal las bromas o llamadas telefónicas falsas al número de emergencia 911. El legislador propuso sancionar con cuatro años de cárcel a quienes realicen este tipo de acciones.Zamora recordó que el pasado 3 de octubre se puso en marcha en 16 entidades federativas este Servicio Homologado para la Atención de Llamadas de Emergencia 911. Con esta iniciativa se busca homologar en un solo número todos los servicios en caso de accidentes, incendios, delitos o cualquier tipo de eventualidad que ponga en riesgo la vida o patrimonio de los mexicanos.De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de este año se recibieron en México un total de 58 millones 924 mil 507 llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales 52 millones 828 mil 320 fueron bromas o improcedentes, es decir, nueve de cada 10 llamadas fueron falsas.A través de un boletín el legislador jalisciense argumentó que se estima que cada día se realizan 300 mil llamadas improcedentes, lo que significa que se hacen 12 mil 500 cada hora y 208 cada minuto, lo que consideró grave, pues, agregó en el documento, en la mayoría de los casos las realizan menores de edad y la incidencia aumenta en periodos vacacionales.Ante esta situación, el senador jalisciense propuso reformas al Artículo 252 bis del Código Penal Federal para tipificar como delito federal el uso indebido de los servicios de emergencia, estableciendo una pena de dos a cuatro años de prisión y una sanción de entre 100 y 500 días de multa.Las penas para el delito de uso indebido de los servicios de emergencia, según la propuesta de Zamora, aumentarán en una mitad cuando como consecuencia de la movilización de los servicios de emergencia se provoquen daños o pérdidas materiales de cualquier índole y en casos de reincidencia.También se plantea reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para obligar a las empresas telefónicas y concesionarios de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia facilitando nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las líneas que se usen para llamar al 911 con fines de broma.
