''Presunto culpable'' y los juicios orales

“Presunto culpable” ya ganó otra batalla. Ayer, un Tribunal Federal en materia administrativa le enmendó la plana a la juez Blanca Lobo al revocar la suspensión provisional que llevó a que el documental saliera de las salas de cine. Los tres magistrados consideraron que la suspensión “causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información contenido en el Artículo Sexto de la Constitución”. Y que ese derecho “goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática, es decir, tiene una doble faceta que exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

En cuanto Cinépolis reciba la notificación, y esperemos que no tarden mucho, “Presunto culpable” regresará a las salas.

Es un gran triunfo y qué bueno, porque este documental fue concebido desde un inicio como un arma de batalla, y al menos en este tema ya sentó precedente.

La historia viene de lejos. Desde que se funda en el año 2000 la División de Estudios Jurídicos en el CIDE, el equipo que encabezaba Ana Laura Magaloni se propuso retratar primero y luego promover reformas que mejoraran el sistema de justicia. En 2003 publicaron su primera encuesta de recolección de datos de población en reclusorios y confirmaron la gravedad del problema. Algunos viajaron a Chile y se entusiasmaron con el éxito que estaba teniendo en ese país la Reforma Procesal Penal que introdujo allá los juicios orales. En 2006 Roberto Hernández y Layda Negrete hicieron en 2006 “El túnel”, un primer documental que exponía justamente las virtudes del ejemplo chileno. El tema siempre fue materia de estudio, pero también una causa.

“Presunto culpable” se financió inicialmente gracias a 60 mil dólares que Ana Laura Magaloni consiguió de la Fundación Hewlett. Después se irían sumando muchos otros, empresarios, productores, la mayoría por el convencimiento de que esta historia estaba destinada a despertar la indignación y a movilizar a una sociedad que en todo momento es víctima potencial de este sistema.

Conociendo esta historia me impresionó leer el lunes en “La Jornada” a Julio Hernández: “Significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por Felipe Calderón, pero fundamentalmente por Estados Unidos”.

Felipe Calderón no había llegado a la Presidencia cuando este proyecto ya prendía los debates en la sala de lecturas del CIDE. Y el apoyo del Presidente a los juicios orales es de dientes para afuera, la verdad es que en este sexenio a lo que le han metido dinero es a la Policía y no a la procuración de justicia. Este año, el presupuesto para la SSP federal aumentó 10%, el de la Procuraduría, sólo uno por ciento.

Es cierto, lo que proponen es un cambio radical que conlleva riesgos, pero, ¿quién puede, sin tener que recurrir a complots internacionales, apoyar el actual sistema?