Presunta censura

Paradójico, dicen los distribuidores, que la censura a Presunto culpable venga desde el Poder Judicial. Pero doblemente paradójico es que los medios, la clase política, la comentocracia y los productores de la película hayan acusado, condenado, y si hubieran podido, procesado, a la jueza Blanca Lobo antes de entender siquiera de qué se trataba el asunto.

El asunto es muy sencillo de exponer y complejo de resolver: los que hicieron este documental usaron sin autorización, y están explotando comercialmente, la imagen de una persona que no está de acuerdo en aparecer en la película y que demanda un daño a su imagen. En este asunto tan sencillo hay por lo menos dos temas muy complejos.

El primero es si en la defensa de la privacidad de una persona se limitó la libertad de expresión. La orden de la jueza de retirar de la circulación el documental busca proteger la imagen del demandante. La única forma de protegerla es evitando la circulación del material que él considera, y fundamenta, lesiona su imagen. La jueza no está censurando la película, está defendiendo a un ciudadano en su privacidad, pero al protegerlo está impidiendo la libre circulación del material. Hay quienes sostienen, con voz ronca y todo, que el derecho de la mayoría debería de prevalecer sobre el de la persona, lo cual es peligrosísimo porque con ese argumento todos estamos fritos.

El segundo tema es si RTC tiene vela en este entierro. Es decir, la jueza le ordenó a la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía que saque de la circulación una película por un asunto que no tiene que ver con ellos; RTC no puede verificar que todos los que salen en cada película hayan firmado un acuerdo de derechos. Aquí también el tema es complejo, pues por un lado no hay abuso de autoridad por parte de esa dependencia de Gobierno, es en todo caso un particular que viola el derecho de otro particular, pero por otro lado la única forma en que la jueza podía defender al ofendido era instruyendo a RTC que actuara.

En cualquier caso el asunto de fondo no es la censura, sino el derecho a la privacidad, la delgada línea entre lo público y lo privado. Los productores alegan que las escenas fueron grabadas en un acto público y por lo tanto no hay necesidad de solicitar anuencia de difusión. El asunto es muy delicado porque si bien el acto es público, el derecho a la propia imagen es privado. Entonces ¿qué pasa con todos los presuntos culpables que saca a diario la televisión y que también lucra con ellos? ¿De aquí en adelante cualquier audiencia de divorcio o de pleito mercantil podrá ser grabada y difundida sin límite? Lo que está en juego no es pues la presunta censura, sino la definición de la vida privada, la de Víctor Daniel Reyes y la de todos nosotros.