Preocupa patrón de abusos del Ejército, advierte AI

CIUDAD DE MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) afirmó que en México existe “un preocupante patrón” de abusos cometidos por el Ejército en sus operaciones contra la delincuencia organizada y urgió al Gobierno que adopte medidas que garanticen que los responsables comparezcan ante los tribunales civiles y las víctimas reciban una reparación. 

“Tanto las autoridades civiles como las militares de México niegan e ignoran” estos abusos, indicó Kerrie Howard, directora adjunta del programa de América de AI, al presentar el informe titulado “México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército”.

AI acusó a las autoridades de no investigar exhaustivamente las denuncias de abusos cometidos por el Ejército, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias. 

Kerrie Howard señaló que México afronta una importante crisis de seguridad pública y reconoció que “el Gobierno tiene claramente responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance”.
 
“Esta es una tarea difícil y peligrosa, pero no se debe usar la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos”, agregó. 

Indicó que entre enero de 2008 y junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió casi dos mil quejas de abusos a manos del Ejército, frente a las 182 registradas en 2006 y 367 en 2008.
 
Consideró que estos datos no reflejan en toda su extensión los abusos que se cometen, aunque indican la tendencia al aumento. 

Como ejemplo, aseguró que una organización de derechos humanos de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, informó a AI que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por personal del Ejército entre enero de 2008 y septiembre de 2009, pero sólo 21 particulares denunciaron oficialmente los casos, ya que el resto temía que se cumplieran las amenazas vertidas contra ellos.
 
El informe de AI expone detalles de cinco casos de violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Ejército contra 35 personas, entre octubre de 2008 y agosto de 2009, en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.   Un ejemplo  Un caso señalado fue el ocurrido el 21 de octubre de 2008, cuando unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de automóviles de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Un ejemplo

Tras permanecer cinco días en un cuartel militar, los cinco hombres arrestados junto con Saúl fueron puestos bajo custodia de la Procuraduría General de la República (PGR) y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego.
 
Sin embargo, agregó, las autoridades nunca reconocieron haber detenido a Saúl, a quien no se volvió a ver con vida. 

Aunque se formularon varias quejas oficiales sobre la desaparición de Saúl, ninguna de ellas desembocó en una investigación efectiva de las autoridades. 

A pesar de la orden de un juez federal, las autoridades civiles y militares negaron en todas las ocasiones conocer el paradero de Saúl. 

El cadáver de Saúl Becerra fue hallado en marzo de 2009. El certificado de defunción señala que murió al día siguiente de su detención a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. Las autoridades no realizaron otra autopsia.

Las recomendaciones

Que el Gobierno:
 Se asegure de que los miembros del Ejército que llevan a cabo operaciones policiales, así como el personal civil de las fuerzas de seguridad, los procuradores y los jueces, cumplan estrictamente el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe, en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extrajudiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.   Se asegure de que las autoridades civiles lleven a cabo de inmediato investigaciones eficaces imparciales sobre todas las denuncias —sea el acusado civil o militar— de graves violaciones de derechos humanos. 

Elimine el uso de las órdenes de detención en arraigo en la ley y en la práctica, y en concreto se asegure de que no se permita a las autoridades militares detener a sospechosos en virtud de órdenes de arraigo.    Aplique las leyes nacionales que prohíben la detención ilegal y se asegure de que todas las detenciones sean registradas adecuadamente, indicando ubicación y duración, y que familiares y abogados independientes tengan acceso al detenido.   

Tome medidas para restringir el alcance de la jurisdicción militar a fin de que las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por personal del Ejército sean investigadas y juzgadas por las autoridades judiciales civiles, independientemente de si el autor estaba en el servicio activo. Reforme en este sentido el artículo 57 del Código de Justicia Militar (el referente al fuero militar).

Se asegure de que la CNDH lleve a cabo sin demora investigaciones minuciosas sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetradas por el Ejército.  Se asegure de que se realice sin demora un examen médico independiente de todos los sospechosos que denuncian haber sufrido tortura y otros malos tratos durante su detención, y que se practiquen autopsias completas e independientes a las víctimas de presuntos homicidios ilícitos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad.

ANÁLISIS

Soldados en labores policiales

Jorge Luis Sierra  

Los militares mexicanos han empleado todas sus capacidades para enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada con el mismo fin de cualquier Fuerza Armada involucrada en un conflicto armado: destruir, “neutralizar” u obligar la rendición incondicional del enemigo, aunque en el camino ocurran bajas colaterales y una parte de la población civil resulte afectada. Están especializados en operaciones para “neutralizar” al enemigo con la aplicación rápida, ágil y flexible de su poder de combate.

Sin embargo, la naturaleza de este conflicto armado provoca que los campos de batalla sean difusos y que “el enemigo” esté camuflado en la población civil y se reproduzca en enclaves habitados por familias ajenas a la delincuencia organizada.

Hasta la fecha, los soldados se han enfrentado con éxito relativo a grupos de la delincuencia organizada en Reynosa, Monterrey, Tijuana o Ciudad Juárez, pero en la práctica lo hacen como si en el campo de batalla no hubiera más que enemigos. Aprovechándose de esta condición, los traficantes están propiciando que la confrontación con las unidades militares ocurra en calles transitadas, llenas de vecinos.

La falta de experiencia en el ámbito urbano y las deficiencias en la inteligencia militar han propiciado que, en algunas ocasiones, los soldados tengan que avanzar a fuego limpio entre barricadas de vehículos y el fuego de células que intentan frenar el avance de los refuerzos militares. Las unidades del Ejército terminan imponiendo su superioridad de fuego, pero su acción no resulta limpia: decenas de civiles han muerto o resultado heridos en el fuego cruzado. 

En operaciones recientes, las unidades combinadas del Ejército y la Armada están sellando el acceso a las zonas de operación, pero eso no alivia del todo la situación de riesgo, pues la rapidez con la que suceden los enfrentamientos provoca que la población que habita en ellas quede atrapada irremediablemente en las zonas de combate. 

Según las denuncias de defensores de derechos humanos, los detenidos son transportados en vehículos castrenses, custodiados por soldados y luego arraigados en cuarteles militares, antes de ser trasladados a una agencia del Ministerio Público federal. El control riguroso del acceso a una base militar impide u obstaculiza la llegada de familiares y defensores legales a los centros de detención.

A esta situación, de suyo grave por desplazar la jurisdicción policial que establece la Constitución, puede agregarse el surgimiento de prácticas que se creían erradicadas con el fin de la guerra sucia a principios de los años 80: detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. 

Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, denunció hace unas semanas la existencia de ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de narcotráfico que parecen resultado de la acción de bandas rivales, pero que en realidad son obra de unidades secretas del Ejército que actúan como escuadrones de la muerte. Aunque no ofreció pruebas, su denuncia coincide con versiones sostenidas en círculos militares de que, a no ser que mandos civiles intervinieran, el Ejército no detenía a ex soldados involucrados, sino simplemente los ejecutaba. 

Los informes de las organizaciones de derechos humanos ofrecen un panorama muy desalentador sobre las consecuencias de limitar la acción del Estado al uso predominante de la fuerza militar: Human Rights Watch habla de por lo menos 17 agresiones documentadas de personal militar en contra de la población civil en lo que va del sexenio y ayer Amnistía Internacional entrega su informe sobre los abusos militares en el contexto de la lucha contra el tráfico de drogas. 

Como si fuera poco, el Gobierno persiste en su empeño de reemplazar a las fuerzas policiales con la institución armada. Claro, las policías carecen de armamento y están en su mayor parte corrompidas por el narcotráfico, pero el remedio no puede seguir siendo peor que la propia enfermedad.

Una política que no tiene resultados efectivos y que arroja consecuencias indeseables sobre los derechos humanos y la institucionalidad de las fuerzas armadas no vale la pena. Es preferible tener paciencia y formular políticas más eficaces que llevar al Estado de Derecho a un despeñadero.