Preocupa caso de despojo a civiles por parte del narco

CIUDAD DE MÉXICO.- A la par de la violencia desatada en el país por los cárteles del narcotráfico y el combate a éstos, las organizaciones criminales iniciaron una nueva estrategia que afecta directamente a la sociedad civil: el despojo de propiedades y tierras.

El terror impuesto por la operación de grupos delincuenciales y que en algunas zonas del país han obligado a la población a abandonar sus casas, se suma ahora la amenaza, la intimidación o el chantaje para forzar a la gente a entregar sus inmuebles en diferentes partes de la República.

El problema comienza a ser evidente en puntos considerados como bastiones o centros de operación de los cárteles de “La Familia Michoacana”, el del Golfo, el de los hermanos Beltrán Leyva, de Juárez, de Sinaloa o el de Tijuana.

El despojo de “La Huerta”

Toda la familia de Domingo Méndez Leyva, propietario del rancho productor de aguacate “La Huerta”, con una extensión de 13 hectáreas, está amenazada de muerte si continúan intentando recuperar su terreno del que fueron despojados desde 2006. Llamadas telefónicas amenazantes, agresiones directas e irregularidades judiciales, conforman parte de este caso que impiden a los Méndez Leyva regresar a su tierra para continuar trabajando los suelos que producían anualmente entre 90 y 110 toneladas de aguacate y una cantidad similar de durazno.

Empleado en Estados Unidos desde la década de los años setenta, Domingo Méndez Leyva adquirió “La Huerta” en 1974 con parte del dinero ahorrado como operador de la Chrysler. Desde entonces, en vacaciones regresaba para ponerse a trabajar en sus tierras, pero desde 2006 sucedió lo que no imaginó: fue despojado de sus tierras, según el testimonio de la familia Méndez Leyva.

Primero se le dijo que el terreno era de otro dueño y que éste lo había heredado su descendencia. Demostró en todas las instancias judiciales ser el único poseedor legal de “La Huerta”, con sus escrituras evidenció judicialmente que eso era sólo una treta por querer arrancarle el patrimonio de él y su familia. Tras más de tres años de enfrentar el costo de un juicio injustificado y una serie de advertencias y amenazas, ganó el proceso con el que un hombre, Miguel Pulido Martínez, intentaba quedarse con su propiedad, pero empezaron las irregularidades.

Presiones a juez y a abogado

Lo que inició como una disputa judicial al final puso en evidencia el fondo real del problema. En realidad, presuntos integrantes del cártel conocido como “La Familia Michoacana” estaban operando para quedarse con la propiedad, luego de saber que Domingo Méndez Leyva trabajaba en Estados Unidos.

Luego de ganar todos los procesos legales, el 22 de octubre de 2009, día en que el juez de Primera Instancia Civil de Los Reyes, Michoacán debía ejecutar la sentencia de devolución del predio, éste alegó no estar seguro de encontrarse en el sitio de restitución de tierras y determinó aplazar hasta nueva fecha el cumplimiento del fallo que obligaba a que se le entregara “La Huerta” a Méndez Leyva.

Además de la decisión del juez, el abogado de Méndez Leyva, Jorge Ariel Mendoza, fue “levantado” y posteriormente dejado en libertad. Esa situación provocó que se retirara del caso, aunque inexplicablemente éste apareció el 8 de diciembre ante el juez Romero Esquivel acompañado de su contrincante en el juicio, Miguel Pulido Martínez, para firmar la renuncia a ejecutar la sentencia del juicio que ya se había ganado.

Paralelamente, la familia Méndez Leyva comenzó a ser acosada, incluso un grupo de sujetos armados “levantó” a un familiar a quien torturaron y golpearon, pero dejaron en libertad.

Aseguran que los tienen ubicados, pero que expondrán su caso ante el Presidente Felipe Calderón de ser necesario.