GUADALAJARA, JALISCO (31/MAR/2017).- Entre los meses de enero de 2006 y 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 27 mil 876 denuncias penales, pero sólo emitió cuatro mil 15 sanciones contra funcionarios de la administración federal por actos de corrupción. En síntesis, por cada siete denuncias ante el Ministerio Público sólo hay un sancionado por la dependencia.Hay acciones de todo tipo. En 2012, suspendió por 60 días a un servidor público de la Secretaría de Gobernación por abusar de su posición para obtener beneficios económicos, mientras en 2015 amonestó públicamente a un empleado de Liconsa que intervino en la contratación de su cuñado como subgerente.En 2016 inhabilitó, destituyó y sancionó económicamente a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por disponer de ingresos para fines distintos a los que se debían destinar, confirmar la recepción de bienes adquiridos sin que los proveedores los hayan entregado y recibir dinero de personas que solicitaron obras de ampliación de red eléctrica, entre otras razones.Otro ejemplo reciente son las 12 sanciones, entre inhabilitaciones y destituciones, de elementos del Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Uno de ellos debía entregar una pantalla para un teléfono celular y decidió ofrecerla en un portal de Facebook. Otro abrió cuatro paquetes, extrajo el contenido y lo depositó en una caja que después trasladó a otra área. También destacó la inhabilitación de un funcionario de la Secretaría de Agricultura, que puso a nombre de una persona difunta diversos predios para el otorgamiento de apoyos. O la separación de un trabajador del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” que solicitó 40 mil pesos a pacientes por material para cirugía que no utilizó.En el contexto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el problema es que no hay datos sobre los servidores públicos presos.
