Política y seguridad

El aspecto más importante que se discutió en la fundación del Estado Moderno y que sigue siendo un argumento muy vigente, por tanto, pertinente, es el de la seguridad pública; Thomas Hobbes, señaló que el hombre debe pactar para la paz y la defensa común, así, los hombres deben ceder sus libertades y derechos fundamentales al Estado, el cual, con su poder, debe garantizarle a todas las personas su seguridad, mediante el orden y la paz públicas.

Por tanto, el primer deber del Estado es que exista orden, tranquilidad y que todas las actividades que se desarrollen en la “sociedad”, donde todos somos “socios” o pactantes; entonces corresponsables de lo que pase o no; así, un Estado que hasta concesiona los servicios de seguridad a través de empresas de “seguridad privada”, porque la sociedad está privada de seguridad, me parece que no es un Estado, menos de derecho.

El Estado en México, como muchos otros en el planeta, no ha cumplido las premisas o paradigmas clásicos en su fundación; por tanto, son estructuras disfuncionales, como es el caso de nuestro país, en el cual, nunca se han consensuado por todos los grupos políticos los pactos sociales de los cuales han resultado las Normas Rectoras que nos han regido.

Lo anterior se puede ilustrar, en la reunión que tuvieron los 23 gobernadores de entes los federados en México con el Ejecutivo Federal; los cuales expresaron que la violencia ha rebasado a todas las estructuras de los tres niveles de Gobierno y por tanto, se requiere de un nuevo pacto federal.

Algunos expresaron que es “la última llamada” para la celebración de acuerdos entre los entes federaos del país, gobernadores y Ejecutivo Federal y por formar un frente común para enfrentar a la delincuencia.

También comentaron, que es un problema nacional; que se requiere fortalecer la cultura de la legalidad y erradicar la corrupción en los diversos niveles de gobierno; que es menester humanizar a las estructuras de gobierno para atender a más y de mejor forma a todas las personas que viven en el país.

En el mismo sentido, que se deben coordinar las acciones de todos los gobiernos, prevenir los delitos; reformar las instituciones de los centros penitenciarios para que cumplan sus funciones; que los “buenos se organicen para acabar con los malos”; que se discutan dichas cuestiones por las legislaturas locales y todas las estructuras de seguridad en el país, ya que no existe coordinación, trabajo en equipo ni comunicación entre los tres niveles de gobierno.

Se deben realizar políticas sociales que atiendan a los niños y jóvenes, alimentación, salud, educación y empleo, para que los jóvenes no sean presas de los delincuentes; mal denominados “delincuencia organizada”, ante el Estado desorganizado.  Pidieron los gobernantes un Estado con justicia social, dado que en las circunstancias actuales, la miseria es caldo de cultivo para la delincuencia.

Evitar el tráfico de personas, armas, drogas y demás “mercancías”, tanto en la frontera sur como en la norte, lo cual no se ha evitado y requiere un pacto nacional, para entonces, tratar de pactar a nivel internacional dentro de nuestro región de norte y centro América, donde México es el centro del continente.

De los anteriores comentarios de la mayor parte de los mandatarios de los entes federados en México, podemos concluir, sin lugar a dudas, que necesitamos un pacto social, un acuerdo nacional a través del cual se funde el Estado de Derecho en México.

Más claro no lo podrían haber dicho las dirigencias políticas del país, si el Estado ha sido rebasado por delincuentes; entonces, es menester reconstruir las estructuras sociales, hoy muy desgastadas, la familia, la escuela, el barrio, los centros de trabajo y de recreación, la cultura y demás formas de convivencia que se han venido abajo destruyendo el tejido social de México.

Por ello, hoy más que nunca, nuestro país requiere de mecanismos de consulta popular, para que entre todos, debatamos los grandes problemas nacionales como la propia Constitución, la libertad de prensa, las concesiones a los espectros de comunicaciones (radio, televisión, internet, telefonía), el matrimonio y la adopción, la deuda externa pública y privada en México, la seguridad, el narcotráfico y demás cuestiones que no hemos tenido la capacidad de resolver, ni como sociedad ni como Estado, de ahí la necesidad de empezar desde el principio.

Entonces, requerimos, los “socios”, quienes decidimos, de manera libre y voluntaria, formar parte del Estado Mexicano, tomar las riendas del mismo para que seamos nosotros quienes tomemos las decisiones y no unos cuantos.