Policías, regidores y un alcalde, piezas clave en bandas criminales

CIUDAD DE MÉXICO.- La participación de policías, militares, regidores y hasta presidentes municipales en bandas relacionadas con el crimen organizado se ha incrementado en los últimos años en México, principalmente en casos de secuestro.

De acuerdo con expertos, en todos esos casos los funcionarios son abordados por los grupos criminales, quienes a cambio de fuertes cantidades de dinero o bajo amenazas, los convencen de "cooperar" para facilitar las actividades delictivas.

Según Fernando Ruiz, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, la participación de los agentes policíacos en los casos de secuestro es muy elevada, por lo que en muchas ocasiones han sido los causantes de la muerte de las víctimas.

Incluso, dijo, "llegan a robarse el dinero del pago de rescate, sin importarles lo que sucede con la vida de la víctima, lo que ocurre en dos de cada cinco casos".

El especialista añadió que el secuestro y la extorsión se han convertido en negocios muy rentables para el crimen organizado, con el apoyo de integrantes de las fuerzas del orden.

Uno de los casos más recientes se dio en el estado de México, donde se desarticuló una banda de secuestradores presuntamente comandada por el presidente municipal de Ixtapaluca, Mario Moreno, en la que colaboraban una regidora y varios policías municipales.

Según la Secretaría de Seguridad Pública ( SSP) federal, Moreno Conrado, alias "El M1", encabezaba la banda de "Los Tenientes", la cual brindaba protección a los delincuentes a cambio de "fuertes sumas de dinero" y en la que la regidora Silvia López Herrera proporcionaba la información sobre las víctimas potenciales.

El 16 de febrero habían sido capturados 12 de los integrantes de la banda de "Los Tenientes", incluido su coordinador José Antonio Cruz González, alias "El Jarocho".

Por otra parte, se logró la detención de 13 personas implicadas en extorsiones a empresarios de Cuautitlán Izcalli, estado de México, entre ellos seis policías municipales y al menos un funcionario de la procuraduría mexiquense.

Entre los policías municipales que formaban parte de esa organización delictiva se encuentra Juan Javier Garay Soberanes, conocido como "El cara de papa", jefe del Sector 19 de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, quien se encargaba de proteger al "Cabiño" a cambio de 10 mil pesos semanales.

Asimismo, la SSP dio a conocer que durante los últimos 15 días la Policía Federal detuvo a 25 presuntos secuestradores, integrantes de las bandas conocidas como "Los Nopaltecos" y "Los Tenientes", que operaban en el estado de México, y "Los Cobradores", en Sinaloa.

Poco después de cumplirse los primeros 100 días de la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, las autoridades federales dieron a conocer estadísticas que demuestran la complicidad de servidores públicos con las bandas de secuestradores.

De noviembre de 2007 a noviembre de 2008 fueron detenidos nueve militares o marinos en activo, 16 policías municipales de diversos estados, 14 policías capitalinos y cuatro ex integrantes de la Agencia Federal de Investigación ( AFI), como presuntos integrantes de bandas dedicadas al secuestro.

Los servidores procesados se desempeñaban en muchos casos con papeles de liderazgo en los grupos criminales o participaban en la logística para la comisión del plagio.

El número de militares involucrados en delitos de ese tipo aumentó, ya que en los primeros 10 meses de 2008 fueron detenidos seis, mientras que en 2006 y en 2004 se registraron una y dos capturas, respectivamente.

En cuanto a los policías municipales, destaca la detención en 2007 de 10 agentes, incluido el jefe de la corporación, en el municipio de San Pedro, en Coahuila.

Por lo que hace al Distrito Federal uno de los detenidos se desempeñaba como subdirector del Grupo de Fuerzas Especiales Cobra.

El caso más grave se dio a finales de 2008 cuando inició la "Operación Limpieza", mediante la cual se descubrió la filtración del crimen organizado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República ( PGR).

Gracias a ese operativo se comprobó que un subprocurador, un coordinador general, un director general y varios mandos habían recibido millonarias sumas en dólares de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de protección.