Poderes de la Unión logran acuerdo contra el crimen

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy todos los poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno firmarán en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, con el cual, el Ejecutivo federal se compromete a construir dos penales de alta seguridad con área especial para secuestradores, crear una base nacional de datos de teléfonos celulares y una estrategia nacional contra lavado de dinero.

El Gobierno federal también se comprometerá a establecer un programa nacional de recompensas para los ciudadanos que proporcionen información sobre delincuentes.

Estos son algunos de los 23 compromisos que el Ejecutivo se obligará a cumplir en un plazo de entre seis meses y dos años.
Según el borrador del acuerdo, el Legislativo también se compromete a dictaminar leyes antisecuestros, contra el narcomenudeo, y una que impedirá la obtención de preliberaciones en delitos como el secuestro y la extorsión.

En este caso, el Legislativo federal se compromete a dictaminar estas normas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.

En el acuerdo, el Poder Judicial asumirá seis compromisos, que promete llevar a cabo en un plazo de entre seis meses y un año. Entre éstos destacan el nombramiento de jueces y magistrados especializados, con salarios y protección acordes al riesgo, y rotación permanente de impartidores de justicia.

El documento que será presentado y suscrito por el Ejecutivo, los gobernadores de todo el país y los poderes Legislativo y Judicial, fija compromisos de gobiernos federal, estatales y municipales, sin embargo no contiene obligaciones y plazos de los últimos.

Este acuerdo debe sumar además a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a las organizaciones intermedias empresariales y ciudadanas.

Los gobiernos estatales estarán obligados a cumplir con 11 compromisos en un plazo que va de los seis meses a los dos años.

Entre los compromisos de los Ejecutivos estatales destaca el de la construcción de 10 penales y la creación y formación —con apoyo del Ejecutivo— de unidades estatales de combate al secuestro.

El acuerdo también contempla invitar a una instancia ciudadana “con amplio respaldo público y social” que administre y publique indicadores de gestión, dice el documento.

Como parte de estos acuerdos, ayer, el Presidente Felipe Calderón convocó en la residencia oficial de Los Pinos a una veintena de representantes de empresas informativas con quienes acordó promover acciones contra las adicciones, a favor de la legalidad e iniciar campañas por la seguridad.