Poder Legislativo

Lo más que podemos hacer en Jalisco, y en México en general, para que los funcionarios públicos —especialmente los que han sido elegidos por el voto popular— rindan cuentas, es mediante entrevistas periodísticas.

Quien está bajo sospecha de malos manejos, ya sea por investigaciones periodísticas o por denuncias, es cuestionado por los reporteros para que satisfaga todas las dudas e inquietudes que generan los señalamientos.

Nos tenemos que conformar con eso, porque los otros mecanismos para la rendición de cuentas no están funcionando.

Ni los esquemas de transparencia ni los trabajos de las comisiones de responsabilidad, ni las sanciones que en determinados casos contempla la ley, porque rara vez, muy rara vez, se llega hasta las últimas consecuencias.

Y bueno, la revocación de mandato no existe y, aunque así fuera, tengo serias dudas de que sirviera para algo; sería algo así como la figura de los juicios políticos.

La LIX Legislatura se ha distinguido, prácticamente desde el inicio de la gestión, por la inopia con todas sus acepciones, excepto la que se refiere a la pobreza económica.

Y además de la escasez de “productos” legislativos, los jaliscienses estamos siendo representados por diputados corruptos, ineficientes e ignorantes.

La corrupción la podemos ejemplificar con el caso del secretario general, Carlos Corona, de cuyas irregularidades y excesos se ha dado cuenta de manera profusa en los medios.

Y para documentar la ineficiencia y la ignorancia podemos hablar de iniciativas ridículas, como la de Raúl Vargas, quien pretendía encarcelar a los padres de familia que promovieran en sus hijos el consumo de comida chatarra; o la de Ricardo García, con esa propuesta de un fondo para “apoyar” a 200 egresados sin trabajo; también está Elisa Ayón quien aseguró (casi jura y perjura) que Jalisco dispondría de mil millones de pesos para los “festejos” de Revolución e Independencia.

Podríamos además hablar de cinismo, con las declaraciones de José María Martínez de que Carlos Corona mejor no se vaya y el discurso, cuando se acordó el “Gran pacto por la seguridad y el empleo” (bla, bla, bla), del que transcribo sólo un fragmento: “Castigar la corrupción, castigar la desviación de los servidores públicos, incentivar a aquellos funcionarios que estén haciendo su trabajo, obligar a la autoridad a que responda de manera inmediata”. Ajá.

Pues bueno, no hay nada qué hacer, no sirven preguntas ni señalamientos porque las respuestas son vagas y cínicas. Estamos inermes ante una realidad que sobrepasa la ficción.

Y los periodistas y la sociedad nos podemos desgañitar sin que se les desacomode un cabello o consideren, aunque sea de manera fugaz, trabajar como deben, para los jaliscienses a quien se deben y apegados a la Constitución y las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir.

Seis meses perdidos. Además de la inseguridad y de la crisis económica, con todos sus problemas asociados, debemos soportar y mantener a una sarta de diputados muy bien pagados, pero buenos para nada.