Piden a PGR y SSP reparar daño por 'michoacanazo'

CIUDAD DE MÉXICO (07/OCT/2010).- La Cámara de Diputados solicitó al procurador general de la República, Arturo Chávez, y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reparar el daño ocasionado a los ex funcionarios detenidos y luego liberados involucrados en el llamado “michoacanazo”.

Legisladores demandaron a los titulares de la PGR y SSPF cumplir con el marco jurídico en materia de derechos humanos de los inculpados y ex funcionarios públicos michoacanos, por la recomendación 72/2009 emitida por la CNDH.

"A través de un dictamen con punto de acuerdo, se recuerda que el 26 de mayo y el 29 de junio de 2009, elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano realizaron un operativo en Michoacán para cumplir órdenes de localización y presentación emitidas por el agente del Ministerio Público en contra varios funcionarios estatales y municipales.

"Destaca que la CNDH consideró indispensable hacerse efectivo el ejercicio pleno de las garantías procesales, y así evitar la criminalización de personas sobre las que no existen elementos suficientes para hacer probable su responsabilidad", de acuerdo con un comunicado de San Lázaro.

Al titular de la PGR le solicitan reparar el daño a los agraviados, por medio de apoyo psicológico, médico y de rehabilitación, así como iniciar averiguación previa en contra de los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Además, garantizar que la presunción de inocencia se haga efectivo a todas las personas que se encuentren en situaciones similares.

En tanto, al secretario de Seguridad Pública se le solicita resarcir los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales que practicaron servidores públicos e iniciar averiguación previa en contra de los elementos de la entonces PFP que participaron en los hechos.

También, establecer cursos de capacitación y evaluación para los elementos de la Policía Federal, y garantizar que las personas detenidas en los operativos sean puestas a disposición de inmediato ante la autoridad competente.