Periodistas que no se dejan

Lo protegieron: su último cargo fue “director de área” en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Lo usaron y se dejó usar: desde hace años, primero en administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego en las del Partido Acción Nacional (PAN), se dedicó a filtrar información a los medios pero, al mismo tiempo, de manera creciente, a hostigar, difamar, amenazar, insultar, atacar a los periodistas que mantienen una actitud crítica de la actual Administración estatal, lo cual han denunciado algunos a través de, por ahora, una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Lo despidieron o lo “renunciaron”: dejó de ser útil al generar un conflicto político-mediático y al, sin pretenderlo, unificar a los agredidos, quienes legítimamente buscan defender su honra, refrendar su ejercicio del derecho a la información e impedir las guerras sucias orquestadas desde círculos del poder en contra de reporteros.

Se trata de Alberto Jiménez Martínez, conocido como “La Antena”, quien contó con el cobijo de funcionarios estatales y políticos, y hasta este lunes era empleado o, más correctamente, funcionario de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, a cargo en ese entonces de Herbert Taylor. Tan contó con la cobertura y el espacio para actuar con su campaña de denostaciones e intentos de bloqueos al trabajo informativo, como han denunciado públicamente más de 20 agredidos, que laboraba en una dependencia que supuestamente desapareció en junio del año pasado del organigrama gubernamental. Las pruebas están en la liga de Transparencia de la Secretaría de Finanzas.

No actuaba solo. Lo alentaban o solapaban funcionarios con tufo yunquista que pretendían “vengarse” de algunos medios informativos y determinados reporteros, indica una fuente estatal. Las víctimas han reiterado: Jiménez Martínez recurre al uso de llamadas telefónicas, redes sociales, anónimos, correos electrónicos e intimidaciones e insultos proferidos en persona.

Decidir que “La Antena” “renunciara” generó deliberaciones en el Gobierno estatal entre, por un lado, quienes veían con simpatía sus ataques contra el prestigio y credibilidad de la mayoría de los periodistas que lo han denunciado, y por el otro, los que consideraban que llegó el momento de ponerle un alto: estaba provocando un clima mediático poco favorable, con repercusiones en agrupaciones e instituciones nacionales, que podrían dañar las aspiraciones presidenciales del gobernador.

La campaña anti periodistas arreció en un periodo pre electoral, a poco más de un año de los comicios de 2012. Permitir que continúe es un grave precedente. Aunque Jiménez Martínez se dice inocente, son numerosos los agraviados y, más, las agraviadas. Hay evidencias. Hay malestar colectivo. Hay actitud de no dejarse.