Pemex y la reforma fiscal

La fragilidad tributaria de la hacienda pública en México se encuentra íntimamente ligada a su dependencia de los ingresos petroleros. La baja recaudación vía impuestos directos e indirectos coloca a nuestro país con uno de los porcentajes más bajos con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En un documento publicado en la edición Agenda 2000, previo a las elecciones presidenciales de ese año, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Blanca Heredia, ameritados analistas e investigadores, identificaron cuatro factores que son incompatibles con un sistema tributario capaz de gravar mejor:

“Uno, un pacto corporativo basado en graciosos privilegios discrecionales que erosionaron la base gravable. Dos, una baja legitimidad de la autoridad que dificulta la capacidad de gravar. Tres, la ausencia de una administración profesional relativamente estable, inmune a las presiones políticas y capaz de implementar adecuadamente las políticas tributarias. Cuatro, la centralización del gasto y la recaudación, lo cual debilitó las capacidades locales para recaudar”.

Estos factores históricos expuestos aún siguen operando en lo esencial como andamiaje estructural de la endémica fragilidad fiscal. Recientemente, en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicó dos trabajos: Tendencias del Sistema Tributario Mexicano y Presupuesto de Gastos Fiscales 2002-2007, en los que concluye que en el corto y mediano plazo es necesario fortalecer los ingresos tributarios y disminuir la dependencia de los ingresos petroleros debido a la volatilidad de los precios del crudo en los mercados internacionales, por más que hoy se observe una tendencia mundial a la alza, lo cual no es ninguna garantía de su permanencia en el futuro.

No obstante que de acuerdo con los dos estudios, existe un amplio consenso sobre la necesidad de emprender una Reforma del Sistema Tributario en México para poder lograr la estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido, las finanzas públicas siguen dependiendo del petróleo, porque persiste en el Gobierno federal la negativa para terminar con los privilegios fiscales vía los regímenes especiales, como el régimen de consolidación fiscal del Impuesto Sobre la Renta. Esta inexplicable resistencia genera un enorme Gasto Fiscal, que es la cantidad que el Estado deja de recaudar por la devolución de impuestos altamente concentrada que la Secretaría de Hacienda realiza en base a la legislación fiscal en vigor, de la que han resultado beneficiados los grandes contribuyentes, como lo reveló el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, entregado por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados.

La reforma fiscal, cuyo pilar es el Impuesto Empresarial de Tasa Única, al no ser el reflejo del consenso aludido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, no ha podido encarar las consecuencias derivadas de una legislación fiscal que sigue propiciando los “privilegios discrecionales” y la sangría de Pemex. De ahí que la única salida a la industria petrolera que nos presenta ahora el Gobierno federal, sea la de su privatización. El fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, como vemos, depende en gran medida de una reforma hacendaria integral que el Gobierno de Calderón se negó a proponer, y no del empecinamiento en seguir exportando crudo para pretender encubrir la fragilidad de la hacienda pública de México.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ FLORES / Presidente de Socialdemocracia APE.
Correo electrónico: jluisrfl@hotmail.com