Otra Guerra de los Pasteles

De la nada el lunes pasado, a la saturación este domingo. De ser un tema completamente olvidado por la opinión pública, a uno abrumadoramente abordado durante las siguientes 168 horas. El domingo, en “La Jornada”, su principal titular: “Entrega Francia la petición formal para extraditar a Cassez”. El mismo domingo en “Excélsior”, primera plana: “Asesor de Sarkozy aboga por expatriar a Florence Cassez”. Sábado en “El Universal”, en casi un cuarto de plana en su portada: “Florence Cassez: ¿culpable o inculpada?”. Mismo día en “Reforma”, primera plana: “Piden no trasladar a Cassez a Francia”. Preámbulo del escándalo político que ha venido creciendo en Francia desde noviembre pasado, las cosas llegaron a los medios mexicanos como siempre: sin prolegómenos, ni contexto, ni seguimiento que evitara sorpresas. Todo porque este lunes se reúnen los presidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy, y el tema de la ciudadana francesa condenada a 60 años por secuestro y otros delitos, estará sobre la mesa.

Sarkozy necesita presionar y sugerir la repatriación, porque se lo prometió a la familia de Cassez en un par de reuniones en El Eliseo, la sede de la Presidencia francesa, el año pasado y hace unos días. Lo necesita porque lo que comenzó como un movimiento de diputados de su partido en el Norte de Francia para restar votos a los socialistas, se convirtió en el tema de interés político nacional por la raja política, precisamente, que puedan hacer de él. Calderón está evaluando qué hacer, en una decisión que será por la vía fast track porque prácticamente todo este tiempo, de noviembre hasta hace poco más de una semana, la PGR se durmió en los laureles de la indolencia. El subprocurador a cargo del tema, Juan Miguel Alcántara, lleva la voz en jefe de la negligencia, pues cuando le plantearon hace unos pocos meses el tema en su oficina, respondió que era un caso cerrado, con condena y todo, por lo que ya no era de interés mexicano.
En las manos, les explotó la bomba.

¿Qué estamos viviendo? La dramatización del caso hace pensar, como dice un abogado sazonado en estas lides, que se está reeditando la “Guerra de los Pasteles”, que se desató cuando amparados en un convenio firmado en 1827, varios ciudadanos franceses exigieron compensaciones por lo que consideraban abusos de la justicia mexicana. Entre ellos estaba un restaurantero de apellido Remontel que tenía su negocio en Tacubaya, y que exigió en 1832 al Gobierno de México el pago de 60 mil pesos porque unos militares aprovechados del Ejército del general Antonio López de Santa Ana, se habían comido sus pasteles sin pagar la cuenta. El Gobierno mexicano se negó, por lo que Francia envió su flota a bloquear Veracruz, y el príncipe Francois Ferdinand de Joinville, hijo del rey Luis Felipe, decidió bombardear el puerto, ataque durante el cual, por cierto, perdió su pierna Santa Ana. Al final México cedió y pagó la indemnización.

¿Qué sucederá ahora? Quien abrió la puerta a la repatriación de Cassez fue el propio Presidente Calderón, durante una entrevista la semana pasada con la agencia AFP. Le quedó perfecto a los políticos, que merman con el escándalo, a las ONG que por su activismo pueden acceder a más fondos, y a la familia, a la que le abrió la esperanza que la hija pródiga regrese a casa. Pero ¿qué piensa Florence? En público, a través de una catarata de nuevas entrevistas, se muestra deprimida, desesperada, sin mañana ni futuro. Sugiere que se puede morir, por lo cual acusa de antemano al Gobierno mexicano. No es culpable de nada, asegura contra los testimonios que dicen que sí se mereció la sentencia. Pero ¿qué piensa en privado?

Florence Cassez sí podría ser repatriada, en los términos que establece la Constitución mexicana, recientemente —sustentado en el Artículo 18, recientemente reformado que permite que los extranjeros condenados en México puedan seguir la pena en su territorio—, sujetándose a los tratados internacionales suscritos por México. El Gobierno del Presidente Calderón ratificó el 13 de julio de 2007 la Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas en el Consejo de Europa, que quedó abierto a la firma de países miembros y no miembros. México es uno de los 63 signatarios hasta la fecha, y el convenio entró en vigor el primero de noviembre de ese año. O sea, el escándalo político sólo ha banalizado el fondo jurídico.

El Presidente Calderón tiene todo el margen de maniobra para la repatriación de Cassez, sin socavar la soberanía mexicana, ni parecer un siervo humillado ante el poderoso Sarkozy. Más aún, aquellos senadores que están gritando que Calderón no se doble ni ceda, y mucho menos se le ocurra poner en el avión del mandatario francés a una condenada, son parte de los mismos que cuando se puso a discusión el convenio con el Consejo de Europa, ratificaron la suscripción del mismo, como bien lo marca la ley. ¿Y las ONG? ¿Habrán leído la Constitución y el convenio internacional? Por supuesto que sí, pero como todos los agentes que movilizan opinión pública, es mucho más redituable para ellas montarse en la ola mediática del momento, que operar en la discreta sombra de la aplicación de la ley, donde no se capitaliza —cuando menos en un país de no leyes— lo legal.

Todo está en agitación y expectativa política, pero falta un detalle, pequeño, pero fundamental. Para que todo el proceso de repatriación pueda llevarse a cabo, la ley establece un requisito fundamental: que la condenada, o sea Florence Cassez, lo pida. La Ley no se mueve sola, y tiene que ser accionada por aquella persona que desee la repatriación. El capitulado lo dice claramente: “El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso”. Y hasta este domingo, sépalo usted, Florence Cassez no había pedido la aplicación del tratado internacional.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
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