Ordenan liberar a nueve implicados de caso Acteal

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de otros nueve indígenas a los que se les responsabilizó y sentenció por la matanza de 45 personas ocurrida el 22 de diciembre de 1997, por considerar que se usaron en su contra pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.

De manera simultánea, los ministros de la Primera Sala del Alto Tribunal también ampararon a otro grupo de 16 personas para que se reabran sus juicios y se les vuelva a juzgar, pero únicamente por los delitos de lesiones y homicidio calificado, porque se les eliminaron los cargos por portación de arma sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En el caso de este último grupo un magistrado federal, de un tribunal unitario ubicado en Chiapas, tendrá que determinar si existen o no elementos para considerar que son culpables, únicamente de los delitos de lesiones y homicidio calificado.

En el nuevo juicio el magistrado no tendrá que tomar en cuenta todas las pruebas y testigos que fabricó y uso de manera irregular la Procuraduría General de la República.

De tal suerte que sólo si existen elementos suficientes para comprobar su responsabilidad en dichos ilícitos, estas 16 personas permanecerán en prisión, de lo contrario también tendrán que ser liberadas en los próximos meses.

La decisión que adoptó este día la Primera Sala se suma a la que emitió el 12 de agosto pasado cuando también ordenó la liberación inmediata de otros 20 indígenas y giró instrucciones para que se reabriera el juicio de otros seis.

En total, en estas dos decisiones, la Corte ordenó la liberación de 29 personas y la reapertura de los juicios de 22 indígenas más.

Por lo que se refiere a la Corte, el caso Acteal es un caso concluido, pero habrá que esperar si en los próximos meses el tribunal que reabrirá los casos ordena nuevas liberaciones.

El ministro José Ramón Cossío explicó que la liberación de todas estas personas se ordenó porque "no existe material probatorio para comprobar su culpa". Aunque aclaró que esto no equivale a un pronunciamiento de inocencia.

Lo que paso, dijo, es que se detectó que tanto durante las averiguaciones previas como durante los juicios que se siguieron en su contra se violaron sus garantías a un debido proceso, debido a que sus casos estuvieron plagados de irregularidades.