Ordena SCJN liberar a 20 indígenas por el caso Acteal

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una votación de cuatro a uno, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte aprobaron un amparo y ordenaron la liberación de al menos 20 indígenas acusados de cometer una matanza en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.

Los ministros que estuvieron de acuerdo en aprobar el amparo y ordernar la inmediata liberación de esas personas son José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, mientras que Sergio Valls Hernández se opuso.

El abogado Javier Cruz Angulo, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), precisó que con ese fallo, al menos 20 personas quedarán el libertad, 31 permanecerán como hasta ahora y nueve casos regresarán a los juzgados para reponer el proceso.

Durante la sesión, Cossío Díaz se pronunció a favor de otorgar la liberación inmediata, en virtud de que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) comentó que hubo violación a los derechos mínimos de los indígenas, ya que el juez no permitió que fueran asistidos legalmente con toda oportunidad, lo cual es inadmisible.

"Se dieron irregularidades en las actuaciones procesales, hubo pruebas indebidamente recabadas con lo que se afectó el debido proceso y la obligación de salvaguardar las garantías individuales, por lo que me pronuncio a favor del amparo para excarcelarlos", dijo.

Sánchez Cordero, en tanto, señaló que el juez de la causa extendió su facultad porque incluyó los delitos de portación de armas sin permiso y de uso exclusivo del Ejército, los cuales no formaron parte del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público.

La ministra reiteró que se violaron garantías individuales al derecho de un debido proceso, por lo que se pronunció a favor de que queden en libertad quienes promovieron el amparo.

En el mismo sentido se expresó el ministro Silva Meza, quien enfatizó que ante todo deben respetarse las normas que dan forma al Estado de derecho.

Indicó que no se debe permitir que a través de injusticias se cometan violaciones a los derechos fundamentales, por lo que las pruebas presentadas carecen de validez

"La mayor impunidad es privar de la libertad a una persona con pruebas endebles, como lo es el hecho de que las armas presentadas no pertenecen a las balas percutidas", puntualizó. Sigue Ordena SCJN liberar... dos... puntualizó

En su turno Gudiño Pelayo destacó que las pruebas deficientes no pueden llevar a una sentencia, la cual debe acreditarse fehacientemente.

El presidente de la Primera Sala, Sergio Valls Hernández, fue el único contrario a aprobar el amparo y ordenar la liberación inmediata de algunos de los indígenas que fueron culpados del asesinato de 45 tzotziles en la comunidad de Acteal.

"A mi juicio la protección constitucional debe negarse, pues no se violaron los derechos fundamentales de los sentenciados", comentó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.