Ombudsman denunciará a ex ministro de Seguridad por caso Cassez

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAR/2013).- La Defensoría del Pueblo de México presentará  una denuncia ante la fiscalía contra 21 funcionarios y policías, entre ellos el  ex ministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por presuntos delitos cometidos en la detención de la francesa Florence Cassez, anunció este  miércoles el presidente del organismo, Raúl Plascencia.

"Habremos de presentar no solamente una denuncia ante la Procuraduría  General de la República, sino también una queja administrativa con  el objetivo de que se investiguen y se deslinden las responsabilidades  atribuibles a cada uno de los servidores públicos mencionados", dijo Raúl  Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en  rueda de prensa.

Sin mencionar nombres, el ombudsman señaló que entre los funcionarios  involucrados están "desde el entonces director general de la Agencia Federal de  Investigación (AFI) hasta 15 elementos" que habrían participado en la irregular detención de Cassez.

Retenida junto a su novio desde horas antes por la policía, la francesa fue  presentada a los medios de comunicación la mañana del 9 de diciembre de 2005,  durante la recreación de una liberación de personas a las que, presuntamente,  mantenía secuestradas la pareja en un rancho al sur de la capital mexicana.

En ese momento, García Luna era el director de la AFI -adscrita a la  Fiscalía- y posteriormente, de 2006 a 2012, pasó a ser secretario de Seguridad Pública, combatiendo al crimen organizado durante la  presidencia de Felipe Calderón.

Cassez, quien había sido condenada a 60 años de prisión por secuestro, fue  liberada el 23 de enero pasado por una resolución de la Suprema Corte de  Justicia, la cual consideró que el debido proceso  fue violentado.

Al término de su investigación, la CNDH concluyó que los funcionarios  -entre los que también se menciona al entonces jefe de Unidad de  Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino- cometieron al menos tres delitos,  explicó Plascencia.

Uno fue "contra la administración de justicia, específicamente al llevar a  cabo actos u omisiones que producen un daño o concedieron una ventaja a una de  las partes".  

El segundo delito es el abuso de autoridad por dilatar injustificadamente  la puesta a disposición del Ministerio Público a la acusada, así como por el  ejercicio indebido del servicio público al "llevar a cabo acciones de manera  ilícita", contenidas en la investigación.