ONGs presentan informe que recuerda explosión

CIUDAD DE MÉXICO (15/OCT/2010).- Varias organizaciones no gubernamentales mexicanas presentaron un informe en el que critican que mientras los 33 mineros de la mina San José, en Chile, fueron buscados por las autoridades durante 17 días antes de dar con ellos, mientras que en México, la búsqueda de los 65 que fallecieron en 2006 fue suspendida a los dos días del siniestro.

La asociación de familiares de las víctimas de la mina Pasta de Conchos, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, el Centro de Derechos Humanos Prodh, y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) elaboraron el informe en el que se recuerda esa explosión al interior de una mina de carbón en el Norte de México, propiedad del gigante mexicano del cobre Grupo México (GM).

Carlos Rodríguez, representante de Cereal, recordó algunas de las conclusiones a las que llegó en su momento el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), una asociación integrada por académicos de varios países y expertos en minería, que un año después del siniestro determinó que era inseguro el acceso a la mina.

“Minera México (filial de GM) agotó la búsqueda en menos de 48 horas, declaró muertos a los mineros en menos de cinco días, sin haber instalado un ‘equipo de monitoreo sísmico’ que ubicara a los mineros con precisión”, dijo Rodríguez citando apartes de un estudio de la FCCT.

Rodríguez aseguró que GM invirtió en compensaciones y ayudas a las familias tras el accidente unos 351.7 millones de pesos (unos 29.3 millones de dólares), lo que supera al salvamento chileno, que se estima costó unos 22 millones de dólares.

De otra parte, la abogada Jacqueline Saenz, del Centro Prodh, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el pasado 24 de septiembre una demanda interpuesta por una de las madres de los mineros muertos en Pasta de Conchos que busca responsabilizar al Estado mexicano del accidente y exigir la recuperación de los cadáveres.
Actualmente en México no hay ningún juicio abierto por el deceso de los mineros.

El Gobierno mexicano cuenta con dos meses para presentar observaciones y fijar su postura, tras una demanda que un familiar interpuso el mes pasado