Nuevas pruebas contra Graco Ramírez en caso Wal-Mart; él las rechaza

CIUDAD DE MÉXICO (11/ENE/2013).- El Congreso de Estados Unidos tendría en su poder documentos que revelan que el director general de Walmart, Michael T. Duke, y otros altos funcionarios de la empresa, fueron informados por lo menos desde octubre de 2005 sobre los sobornos que su unidad en México dio a funcionarios locales y federales para abrir tiendas, entre ellos el actual gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las nuevas pruebas recopiladas por un equipo de investigación a cargo de los congresistas Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman, contradicen las declaraciones que el vocero de la empresa hiciera al diario “The New York Times” en el sentido de que los principales ejecutivos de la compañía en Estados Unidos desconocían las acusaciones de corrupción, mismas que destapó el rotativo neoyorquino en un amplio reportaje publicado en diciembre pasado.

Entre las pruebas se incluyó un correo electrónico entre el abogado Juan Francisco Torres Landa y la asesora general de Walmart International, Maritza Munich, de fecha 13 de octubre de 2005, en el que se asegura que se otorgaron “contribuciones para facilitar trámites en el Distrito Federal”. Señala que se hizo una contribución total de dos millones de pesos entregados en ocho partes, entre 2003 y 2004, y que el contacto principal para negociar esas contribuciones por parte del gobierno capitalino fue Graco Ramírez, a quien identifican como congresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque en ese año no lo era.

“Los pagos fueron hechos para facilitar los pasos con el Ministerio de Desarrollo Urbano que se encarga de otogar las autorizaciones de impacto urbano para nuevas edificaciones”, dice textualmente el correo electrónico.

El gobernador de Morelos rechazó ayer jueves cualquier nexo con Walmart y los sobornos. Añadió que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.

Las pesquisas sobre el caso salpicaron además al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo, a quien señalan directamente de haber recibido un pago de 400 mil pesos por haber facilitado que la cadena Walmart obtuviera permisos de construcción en la zona.

Los mismos documentos revelan que la transnacional estadounidense logró comprar a representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD, que juntos conformaban la mayoría necesaria para poner en ventaja a Walmart en las negociaciones.

Uno de los correos electrónicos en poder de los congresistas da cuenta de que la entonces consejera general de Walmart Internacional, Martiza Munich, informó al director general Michael Duke, el 1 de noviembre de 2005, sobre varios de los desembolsos que se hicieron para los funcionarios mexicanos.

“Los pagos en el sitio de Teotihuacán fueron hechos sólo a la mayoría del Consejo Municipal debido a la dificultad de acercarse a todos los partidos políticos. Eventualmente el acuerdo se alcanzó con los representantes del PRI y el PRD (suficientes para asegurar la mayoría) por un pago total neto de 1.2 millones de pesos”, se lee en la comunicación.

Y agrega: “De igual forma, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó una donación oficial de 500 mil pesos y también un regalo personal irregular de 400 mil pesos para el director del INAH”.
Dos semanas antes, en otro e-mail fechado el 15 de octubre de 2005, el consejero general de Walmart, Thomas Mars, envió al director general y a una decena más de altos ejecutivos de la empresa, refiriéndose al mismo asunto de los sobornos a funcionarios.

“Para asegurar la aprobación del Consejo Municipal y reportándole en ese momento a José Luis Rodríguez (ex director jurídico en México), un millón 250 mil pesos mexicanos fueron entregados a siete de los 11 miembros del Consejo Municipal”.

Y continúa: “El Instituto Nacional de Antropología e Historia pidió una donación oficial de 400 mil pesos, pero el presidente del INAH recibió un pago irregular de 150 mil pesos mexicanos para dar su consentimiento para la construcción en el sitio dada su cercanía con la zona arqueológica”. Los congresistas dicen tener en una auditoría interna, cerrada en 2006, que realizó Walmart sobre los presuntos casos de sobornos en México y en los que, aseguran, se confirman las acusaciones.

En un nuevo comunicado, Walmart Stores consideró que la carta de los congresistas Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman deja una impresión incorrecta, puesto que la cronología de los hechos que emplearon en la misiva es imprecisa.

 Abunda que la declaración de la compañía a la cual hace referencia la comunicación enviada al director general de Walmart, y que apareció en el reportaje de The New York Times, se concentró en eventos de 2004, pero los correos electrónicos anexados en la carta de los congresistas se enviaron casi un año después.