Niega CNDH oposición a juicios orales, pero advierte riesgos

MÉXICO.- El ombudsman nacional José Luis Soberanes negó que la CNDH se oponga al establecimiento de juicios orales en el país, lo que le preocupa son los problemas que podrían generar contra el respeto a las garantías fundamentales.
La correcta instrumentación de esa modalidad implica contar con un sistema de justicia penal eficiente y confiable, además de que tendría consecuencias graves aplazar cambios de fondo propios de una reforma integral en cuyo análisis y discusión debe participar la sociedad en su conjunto, sostuvo.
A su parecer, la aplicación progresiva del juicio oral contradictorio demandará quintuplicar las capacidades de los poderes judiciales de los tres niveles de gobierno. "Si un juez atiende un promedio anual de 500 expedientes, con la reforma sólo podrá ocuparse de una quinta parte, o sea unos 100".
Ello significa que en ocho años deberán multiplicarse por cinco los actuales presupuestos del Poder Judicial federal y de los estatales, a fin de contar con el personal suficiente que dé efectividad a la nueva disposición, señaló mediante un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El periodo de ocho años para que entre en vigor esa parte de la Reforma Judicial, "un termino que supera el del mandato de todos sus promotores, arroja incertidumbre acerca de la necesaria continuidad institucional que se requiere para implantar un sistema de naturaleza tan compleja", advirtió.
Insistió en que los poderes judiciales locales y federales podrían ver rebasadas sus ya limitadas capacidades de actuación con la Reforma Judicial, debido a una excesiva carga de trabajo y retardar aún más la aplicación de la justicia.
Soberanes Fernández alertó sobre el riesgo de que los juicios orales multipliquen los casos en los que se envía a prisión a personas que, por "el atraso cultural de grandes segmentos de la población y otras desigualdades sociales", carecen de una defensa jurídica profesional.
También se podría pervertir su verdadera finalidad "para no juzgar a nadie y sí en cambio convertir la justicia penal en un espacio donde se negocien en lo oscurito las sentencias, con evidente beneficio para los ricos y los poderosos y en perjuicio para los pobres y los ignorantes", expuso.
El presidente de la CNDH señaló la necesidad de emprender cambios legislativos para eficientar la procuración de justicia, pues sólo tres de cada 100 delitos reciben castigo, mientras que en las cárceles 70 por ciento de los internos purgan penas por robos inferiores a siete mil pesos.
"La impunidad, la corrupción y la ineficacia en varios aspectos de nuestro sistema de justicia exigen una reforma integral y de fondo que analice y resuelva asuntos como la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo", aseveró.
Asimismo, se requiere analizar la conmutación de penas privativas por otras de trabajo comunitario, aplicar mayores mecanismos de control de las policías y programas para erradicar los lastres del sistema de reclusión, puntualizó.

NOTIMEX 14:10 02/03/08 ccms