CIUDAD DE MÉXICO.-Una tensa y secreta negociación política entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) está detrás de la iniciativa guerrillera para crear una instancia de mediación que coadyuve a buscar a sus militantes desaparecidos en mayo de 2007.Como resultado de la negociación, se detuvo un nuevo atentado a instalaciones estratégicas del país y se evitó una serie de detenciones de personas vinculadas con la guerrilla.Fuentes de inteligencia consultadas permitieron reconstruir lo sucedido horas antes del 24 de abril, fecha en que el grupo armado pidió a cinco intelectuales mediar ante las autoridades federales para buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.Señalan que los aparatos de seguridad del Estado detectaron a inicios de ese mes que el EPR estaba adquiriendo explosivos para cometer un atentado, similiar a los que ejecutó en julio y septiembre del año pasado.Mediante canales extraoficiales, pero de segura recepción, el gobierno federal envió un mensaje a la comandancia general del grupo guerrillero.Si ocurría un nuevo ataque, decía el mensaje, se detendría a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo, actualmente en libertad, y volverían a prisiones de alta seguridad Antonio y Rafael, internados en el penal de Atlalcholoaya, Morelos, quienes para el gobierno son los cuatro hijos de los dirigentes máximos del EPR, Tiburcio Cruz y Elodia Canseco.El 22 de abril, el EPR emitió un comunicado con la amenaza de acciones armadas. Entonces vino el intercambio de mensajes.A las 11 de la noche del 24 de abril, el EPR emitió un comunicado, opuesto en términos de planteamiento y de lenguaje al emitido apenas tres días antes, en el que propuso la intermediación. Se impuso la política.
