Necesario un cambio de mentalidad: CDHDF

CIUDAD DE MÉXICO (02/JUN/2013).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal consideró necesario un cambio de mentalidad de todos los operadores jurídicos en todos los niveles ante la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011.

''La propia Reforma es explícita cuando impone una serie de obligaciones a todos los servidores y servidoras públicos del país, y eso incluye desde luego al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, pero también lleva implícita la necesidad de una compresión general de lo que significa para las relaciones armónicas entre las y los ciudadanos", sostuvo el Ombudsman, Luis González Placencia.

Al participar en el Seminario Internacional, Derechos Humanos: Jerarquía Normativa y obligaciones del Estado en el Senado de la República, expresó que a partir de las nuevas obligaciones derivadas del Artículo 1 Constitucional, se debe revisar el marco jurídico actual para confrontarlo con el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos.

"Es necesario hacer un control de aquellas normas que son protectoras de derechos humanos, estén o no estén en tratados de la materia. Este es un tema importantísimo porque eso implica una tarea para los operadores jurídicos que no es para nada sencilla", aseguró
González Placencia

Según el Ombudsman, el Poder Legislativo está obligado a revisar las normas actuales para armonizarlas con el nuevo marco jurídico.

De igual forma, explicó que a partir de la citada Reforma de 2011, cuando se legisle sobre seguridad pública o nacional, se tendrá que hacer teniendo en consideración las normas de derechos humanos de los tratados internacionales.

"Esto le da una orientación clara al legislador en términos de que ya no se vale legislar de todo, sino que eso que se legisle en el futuro tiene que ser armónico respecto de las normas protectoras de derechos humanos, que hoy constituyen nuestro marco constitucional", mencionó.

González Plascencia afirmó que en el caso del Poder Judicial, existe la necesidad de desarrollar criterios necesarios para que la interpretación del derecho se dé en función de las normas protectoras de los derechos.

Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, consideró que la persistencia y la racionalidad en la aplicación de políticas públicas desde la perspectiva de derechos deben ser permanentes.

"No podrá haber cultura democrática si no se persiste en la generación de una cultura de derechos humanos a través de la consolidación de una nueva racionalidad en el diseño de las políticas públicas", comentó.

A su vez, el Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, anunció la integración de la Comisión de Política Gubernamental de Derechos Humanos para iniciar la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, en el que se prevé participen todos los sectores de la sociedad.

"Vamos, y ese es el propósito, por la elaboración de una política de Estado en materia de derechos humanos", indicó.