México tiene prisa

Ahora que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reporta sensibles descensos en los niveles de transparencia y acceso a la información pública por parte de los municipios del país, en donde más de 60% (incluyendo Zapopan, que es de los más opacos) no cumple con dichas obligaciones constitucionales, es urgente reiterar la ineludible responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía... en otras palabras, ser claro.

Ejercicio fundamental e indispensable en el servicio público que no olvidemos, gracias al entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, fue que comenzó a implementarse en el país, y curiosamente es en las entidades federativas y los municipios donde mayores resistencias se advierten, omisión en la que ciertamente tampoco se encuentran ajenos los tres Poderes de la Unión, sobre todo el Legislativo y Judicial.

Para nadie es desconocido que a la fecha sigue siendo escasa la transparencia en la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, en donde los datos relevantes tienden a posponerse a conveniencia de los sujetos obligados (autoridades), para sus propósitos político-electorales, sin respetar el derecho que los ciudadanos tienen de informarse oportunamente sobre el manejo y aplicación de los recursos públicos.

Es así como urge establecer toda una nueva cultura en la práctica gubernamental de registrar sus acciones y evidenciar el alcance de sus decisiones, e incluso obligar a los servidores públicos a apegarse a la objetividad de los hechos, desacralizando y despartidizando sus ejercicios, puesto que el escrutinio inmediato que emprenderían los gobernados sobre sus gobernantes, podría representar la oportunidad de una mayor intervención ciudadana en las decisiones que colectivamente afecten.

Evolución que también obligaría a los partidos políticos a preponderar competencias y altas especializaciones en la selección de sus correligionarios para ocupar cargos públicos, toda vez que el escrutinio cercano y permanente de la ciudadanía exigirá sin duda más rápidas y eficientes respuestas de los servidores públicos, a menos que estén dispuestos a arriesgarse a perder la confianza de los electores que cada vez más exigen respuestas expeditas a sus demandas.

Así que no olvidemos que México tiene prisa por gobernantes más responsables con las legítimas demandas de la ciudadanía, que rindan cuentas sobre sus decisiones y comportamientos, en otras palabras, que hablen claro y ejecuten óptimamente lo planeado, no que hablen bonito y no hagan nada; todo ello en la firme convicción de que servidores públicos probadamente transparentes y ejemplares en rendir cuentas a quienes los eligieron, nos brindarán la confianza en que lo mejor está por venir.

P.D. Por cierto, muchos políticos nos han demostrado por décadas que no se pueden poner de acuerdo a favor de la ciudadanía, todavía con pendientes sin resolver en ámbitos tales como educación, salud, seguridad, empleo y alimentación, entre otros. ¿Dígannos entonces en qué sí se pueden ponerse de acuerdo en beneficio de los ciudadanos, y no sólo para sus ambiciones políticas e intereses personales, o derrumbar los proyectos de otros?