México tiene prisa

Si bien es cierto que la reciente eliminación de más de siete mil normas regulatorias en el ámbito federal, paulatinamente conducen hacia un México en línea con las mejores prácticas internacionales, también lo es que todavía faltan muchos ejercicios similares por emprender en las entidades y municipios de nuestra República.

El decidido ejemplo puesto por el Presidente Felipe Calderón, eliminando esta semana siete mil 311 normas, mismas que se suman a las cuatro mil 923 desaparecidas previamente, para acumular 12 mil 234 borradas a la fecha (en un propósito por desaparecer totalmente 14 mil hacia fin de año), convendría lo siguieran sin miramientos ni discusiones los demás gobernantes de los estados y los más de dos mil 439 alcaldes del país, independientemente de banderas partidistas, para entonces sí echar las campanas al vuelo y presumir a los cuatro vientos que México es una nación desregulada y decidida promotora de su desarrollo.

Hoy en día, en el ámbito federal podremos disfrutar de entidades públicas menos costosas, más ágiles y modernas; dispondremos de un ejercicio más transparente de los recursos públicos; se podrá dar seguimiento en línea al avance físico de proyectos de infraestructura; los procesos de compra del Gobierno federal se homologarán y simplificarán; y los costos de compras y adquisiciones del Gobierno se reducirán.

Con este loable esfuerzo de la Administración del Presidente Felipe Calderón, quedarán poco más de 20 mil normatividades vigentes, 30% menos que al inicio de su gestión, aunque existe el compromiso de abatir al finalizar el año 2012, al menos la mitad de la sobrecarga regulatoria que existía.

Sobra recordar los efectos inhibitorios a la competitividad de nuestras empresas frente a otros competidores internacionales (muchos de ellos nuestros socios comerciales), al margen de significarnos por muchos años como un país poco recomendable para la inversión extranjera y la importación de productos diversos.

Este es un buen principio, pero ahora el balón se encuentra en la cancha de los gobiernos estatales y municipales para que hagan lo propio, puesto que los ojos de inversionistas propios y ajenos se dirigen también a esas instancias, por cierto las más sobrerreguladas en nuestro país, toda vez que en buena medida la justificación a su existencia la encuentran en más normas que generan excesivas burocracias que en nada abonan en mejores servicios y eficientes obras para los ciudadanos.

Como dice el Mandatario de la Nación, se trata de facilitar la vida a los ciudadanos, y con ello a empresarios que tendrán mayores alcances en sus esfuerzos de inversión generadora de oportunidades, así como a los propios servidores públicos que podrán eficientar sus procesos y responder mejor a las necesidades de los gobernados.

Lo importante es encontrar el equilibrio en la regulación de las actividades de los ciudadanos, con gobiernos administrativamente esbeltos y eficientes en sus respuestas, para así responder al México que tiene prisa de mejores servidores públicos y mayores oportunidades para crecer, en la firme esperanza de que lo mejor está por venir.