Miércoles, 16 de Octubre 2024
México | El organismo asegura que en el país continúa la impunidad en ataques contra periodistas

México, el más riesgoso en AL para periodistas: ONU

El relator para la libertad de expresión dijo Lamentamos que el gobierno federal no haya puesto en marcha un mecanismo para defender el derecho de los periodistas

Por: SUN

CIUDAD DE MÉXICO (24/OCT/2011).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que México es el primer país de América Latina y el quinto a nivel mundial más riesgoso para ejercer el periodismo.

Frank La Rue, relator de la ONU para la libertad de expresión, mencionó que a pesar de que se han hecho algunas reformas en transparencia y en protección a los periodistas, aún queda mucho por hacer ya que en México se sigue presentando impunidad en ataques hacia periodistas.

"Lamentamos que el gobierno federal no haya puesto en marcha un mecanismo para defender el derecho de los periodistas", dijo La Rue.

Por su parte Catarina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que del 2000 a la fecha se han presentado 83 asesinatos, 13 de ellos tan sólo en lo que va de 2011.

La relatora de la CIDH dijo que es necesario crear mecanismos para combatir la violencia contra los periodistas, impunidad, la autocensura así como en materia de derecho penal para garantizar sus derechos.

Por su parte, el director editorial de El Universal, Roberto Rock, indicó que a pesar de que ha habido avances para proteger la integridad de los periodistas, aún no hay mecanismos adecuados con los que se pueda garantizar su seguridad al momento de realizar investigaciones.

Roberto Rock dijo que un caso específico de ello es la Fiscalía Especializada para la Protección a Periodistas de la PGR, que no cuenta ni siquiera con un marco legal y jurídico para desarrollar su tarea principal, que es proteger a los reporteros.

Señaló que los crímenes contra los comunicadores no sólo son cometidos por parte del crimen organizado, pues en algunos casos, se ha descubierto que, presuntamente, los sicarios fueron contratados por funcionarios públicos quienes obstaculizan el derecho a la libertad de expresión.

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