Mentiras del Gobierno

En Los Pinos están muy preocupados. Las crecientes denuncias contra el Gobierno por violar derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico han encontrado foro a nivel nacional y ya internacional. La imagen del Presidente Calderón exhibe manchas y su administración es objeto de críticas y procesos penales en organizaciones y cortes multinacionales.

Para el Gobierno federal se ha vuelto sistema mentir ante cualquier episodio de violencia que apunte a que civiles inocentes han corrido con la peor parte: intentan neutralizar las voces ciudadanas minimizando los hechos, criminalizando a las víctimas y/o culpando al narco de lo sucedido.

El 31 de enero, sicarios asesinaron a 16 jóvenes en Ciudad Juárez. Horas más tarde, desde Japón, el Presidente Calderón sentenció: “El crimen era un ajuste de cuentas entre pandillas callejeras”. Mentira. Las voces de sus compañeros, recogidas en medios de comunicación, demostraron que se trataba de jóvenes deportistas, ejemplares. Una semana más tarde, el Primer Mandatario tuvo que ofrecer a los familiares de los muchachos ejecutados una disculpa por haber atacado su memoria. No le quedó de otra.

La medianoche del 19 de marzo murieron en medio de una balacera, dos jóvenes. El pánico dominó el campus del Tec de Monterrey por la refriega entre el Ejército y criminales. El gobernador de Nuevo León, su procurador y el rector del Tec denunciaron que el Ejército y la Procuraduría General de la República les aseguraron que los dos caídos eran integrantes del crimen organizado. Mentira. Día y medio después se descubrió que Jorge Mercado y Javier Arredondo eran estudiantes modelo de maestría.

El domingo 4 de abril, dos familias recibieron ráfagas de fuego y granadas en un retén militar de la carretera Guerrero-Ciudad Mier, Tamaulipas. Las balas mataron a Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años de edad, respectivamente.

Cuatro días más tarde, Gobernación aseguró en un comunicado que “un grupo de sujetos armados atacaron a elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión. Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores”. De inmediato, la madre de los chavitos, Cinthia Salazar, desmintió a Gobernación al sostener que nunca hubo sicarios ahí, que los disparos se los hizo el Ejército y nadie más, que ningún fuego cruzado. Gómez Mont debió entonces matizar: “Tenemos que ver cómo lo vivieron desde dentro del vehículo y cómo se vivió desde afuera de los vehículos y en qué dinámica se dieron los hechos. Estamos comprometidos a hacer una investigación que dilucide todas esas dudas”.

En menos de tres meses han sido tres los hechos de violencia relevantes contra civiles, y en los tres, el Gobierno ha mentido. Dirían los abogados que “eso ya es jurisprudencia”. Eso ya es modus operandi, es plan, es estrategia y es, sobre todo, una vergüenza.

Saciamorbos

Ahí viene otra en Pemex, casi del tamaño del Pemexgate.