Masacre detonadora

El asesinato de 16 jóvenes que participaban en un festejo en Ciudad Juárez, ocurrido el 30 de enero, Día Internacional por la No Violencia y la Paz, ha sido un detonador político y social.

Sus alcances rebasarán las fronteras de Chihuahua, e incluso las del país. Lo grave es que, ante la masacre, la reacción del Gobierno de Felipe Calderón ha sido insensible y desinformada: asegurar que fue una riña entre pandillas desató la indignación juarense y nacional.

Las movilizaciones sociales en ese municipio no han parado ni se detendrán. Por ejemplo, la Diócesis de Ciudad Juárez promovió el año pasado la campaña Un millón de rosarios por Ciudad Juárez. La cifra rebasó los dos millones de rezos. Otra acción fue organizar una celebración masiva. Las “intenciones” fueron, entre otras, por “las autoridades civiles y militares”, y “por las personas que están sembrando la violencia en nuestra ciudad y país”.

Como otros grupos e instituciones, los católicos juarenses están actuando a su manera para promover la paz en la ciudad. El 24 de enero los templos de la diócesis oficiaron misas con plegarias por quienes han muerto, secuestrados y extorsionados. Días después de las oraciones, los sicarios asesinaron a los 16 jóvenes. A oficiar la ceremonia litúrgica acudió el obispo Renato Ascencio.

La masacre de jóvenes es otra gota que continúa derramando el vaso. Que más de 16 mil policías y militares no logren desactivar ahí la creciente violencia, ha hecho que los juarenses pasen del miedo a la rabia, y de la rabia a la acción. Por ejemplo, empresarios maquiladores y comerciantes demandaron en conferencia de prensa que “el Gobierno de Felipe Calderón informe si no tiene la capacidad o voluntad para que regrese la tranquilidad a Ciudad Juárez, para que la sociedad se organice de otra forma”, y exigieron su presencia en la ciudad.

El malestar es colectivo. Otro ejemplo: luego de que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó diversas actividades por el Día Internacional por la No Violencia y la Paz, el rector Jorge Quintana externó la solidaridad de la comunidad universitaria con familias de las víctimas de la masacre, entre ellas alumnos de la institución o de otras escuelas, y reiteró la exigencia de que el procurador general de la República, Arturo Chávez, vaya a Ciudad Juárez a encabezar las investigaciones y garantizar sanciones a los culpables.

La indignación es, con toda razón, mayúscula ante la ineficacia de los gobiernos federal y estatal. Habrá repercusiones sociales y políticas de mediano y largo alcance. Júrenlo.