Domingo, 24 de Noviembre 2024
México | Ya van tres alcaldes de Cancún detenidos

Mario Villanueva, antecedente de la narcopolítica

El ex gobernador de Quintana Roo fue trasladado a Estados Unidos donde podría ser condenado a cadena perpetua por acusaciones de narcotráfico

Por: SUN

CANCÚN, QUINTANA ROO (27/MAY/2010).- Acusado de recibir más de 19 millones de dólares del cártel de Juárez a cambio de proveer protección en Quintana Roo, el ex gobernador del Estado, Mario Villanueva Madrid, fue extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo, donde podría ser condenado a cadena perpetua por acusaciones de narcotráfico y 20 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.

La extradición ocurre después de cumplir una sentencia de seis años en México por “lavado de dinero”. Una Corte de Nueva York juzgará cargos de tráfico de cocaína en Estados Unidos y “lavado” de millones de dólares a través del caído banco de inversiones Lehman Brothers.

Al también ex alcalde de Cancún se le acusa de “lavar fondos” a través de cuentas en Lehman entre 1993 y 2001, mucho antes del colapso del banco de inversiones en 2008.

Ahora, con la detención de Gregorio Sánchez Martínez suman tres los alcaldes de Benito Juárez con cabecera en Cancún detenidos y encarcelados en los últimos años.

Juan Ignacio García Zalvidea, también ex edil de Cancún, fue detenido en noviembre de 2005 acusado de peculado, un año después obtuvo su libertad.

Este 25 de mayo, le tocó a Gregorio Sánchez Martínez, presidente municipal con licencia y candidato del PRD, PT y Convergencia al Gobierno del Estado ser detenido en el aeropuerto Internacional de Cancún, acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de fomento y “lavado”.

Para saber

¿Hasta cuándo podría ser candidato?


La ley electoral de Quintana Roo establece que un candidato podrá sustituirse por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o por resolución de los órganos directivos estatales del partido político que corresponda.

Lo anterior lo establece el artículo 133, fracción II de la ley electoral del Estado de Quintana Roo. Pero esta reglamentación no establece fecha límite para la sustitución. Lo ideal para cualquier partido debería de ser antes del 30 de junio, fecha en que concluye la campaña política porque los tres días siguientes son de “vigilia electoral” y el 4 de julio, día de la elección.

Mientras que el artículo 162 de la misma ley, establece que en caso de cancelación o sustitución del registro de uno o más candidatos, las boletas electorales serán corregidas en la parte relativa. Sin embargo, si las boletas estuvieran impresas o no se pudiera efectuar la corrección, los votos contaran para los partidos políticos o coaliciones y para los candidatos que estén legalmente registrados ante el Consejo General, al momento de la elección.

Telón de fondo

La Procuraduría General de la República lo investigaba desde enero


La Procuraduría General de la República, a través de su vocero Ricardo Nájera, dijo que la averiguación en contra del candidato se inició el 15 de enero de este año, derivada de una denuncia anónima, pero también de reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que detectó diferencias entre los ingresos declarados y los percibidos por Sánchez Martínez.

Destacó que Greg Martínez fue notificado de las acusaciones en su contra y compareció a declarar como testigo el 3 de mayo pasado dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010, negando los cargos y manifestando que presentaría su declaración por escrito.
“No la presentó, simple y sencillamente no volvió a comparecer, y al no justificar los recursos se tuvo que ejercitar la acción penal”.

El vocero de la PGR dijo que de acuerdo con la investigación, “Greg” Sánchez declaró ingresos máximos por un millón 536 mil dólares pero realizó retiros por dos millones 469 mil dólares.

Se trata, agregó, de varios depósitos realizados en el transcurso de los últimos meses que no guardan proporción con sus percepciones como edil de Benito Juárez y empresario del ramo inmobiliario.

Reacciones

Solidaridad de sus contrincantes

El candidato de la alianza PRI, PVEM y PANAL, en el Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, afirmó que es lamentable la detención de su opositor Gregorio Sánchez Martínez y pidió no politizar el tema, dado que es netamente jurídico.

El abanderado priista agregó que la autoridad federal, en específico el juez de distrito que lleva el caso, tendrá que dar respuestas a los hechos de la averiguación previa que originó la detención del abanderado del PRD, PT y Convergencia.

Dijo que no por esta detención bajará la guardia en su campaña política, sino va a seguir trabando como el primer día, con mucho entusiasmo y compromiso con los quintanarroenses.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Quintana Roo, Alicia Ricalde, se solidarizó con la coalición del PRD-PT y Convergencia y su adversario Gregorio Sánchez Martínez. “Me solidarizo con la coalición; no voy a hacer leña del árbol caído, me reitero como una oposición de la oposición cuyo objetivo es sacar al PRI del Gobierno. Lamentó mucho lo sucedido, como ser humano y espero que la situación jurídica de Gregorio Sánchez se arregle”.

El candidato de la coalición conformada por el PRD-PAN-PT-Convergencia, Julián Ricalde Magaña, anunció que suspenderá su campaña proselitista a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), para organizar y participar en movilizaciones pacificas que exijan la liberación del candidato a la gubernatura del Estado, Gregorio Sánchez.

Ricalde Magaña dijo que la suspensión de los actos de campaña, alcanzan a todos los aspirantes a algún cargo de elección popular en el Estado, que contiendan por esta coalición.

Rubio Ayala, otro ejemplo de vínculos con el crimen

El caso de Gregorio “Greg” Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo, es inédito. Es la primera vez que un candidato a gobernador es arrestado en plena campaña por supuestos vínculos con el narcotráfico. Pero no es un tema aislado.

Hubo otro candidato a ocupar cargos públicos que alcanzó el primer plano nacional por supuestos vínculos delictivos. Es el caso Saúl Rubio Ayala, quien durante su candidatura a una diputación local por el Partido Acción Nacional (PAN), en Sinaloa fue relacionado con el cártel local.

La justicia, empero, jamás pudo comprobarle nada. Igual fue ejecutado. Rubio Ayala fue acribillado bajo las premisas de la mafia, un año después de ser asociado con el narco: su camioneta y cuerpo fueron impactados por al menos 90 tiros de bala.

El vínculo del panista con grupos criminales comenzó con la difusión de ciertos datos que lo asociaban con jefes del narco. Asistió al sepelio de Miguel Ángel Beltrán “El Ceja Güera”. Diría entonces: “Mi amistad es una amistad sincera, solidaria y máxime que esta gente coincide con nuestro proyecto, pues definitivamente tenemos que estar con ellos”.

El entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, dijo errático, días después de que las televisoras expusieran imágenes de los panistas en dicho sepelio: “Vamos a ver cuáles son, el por qué de este tipo de nexos. Para la investigación siempre es importante indagar qué está ocurriendo en ese entorno, y cuando ciertos personajes de repente se aparecen, debemos definir los motivos de su presencia”.

Agregó: “Queremos entender que es dar un pésame, queremos entenderlo así”. Nunca se supo más de su seguimiento al caso.

Rubio Ayala murió asesinado a balazos por desconocidos que viajaban en al menos dos automóviles, que lo interceptaron en la carretera que conduce a la comunidad Palos Blancos, en el municipio de Guasave. En la emboscada murió también Omar Ruelas García, secretario particular y chofer del legislador.

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