Magistrados alargan decisión sobre la píldora

CIUDAD DE MÉXICO (25/MAY/2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en suspenso decidir si ordena o no que se realicen pruebas periciales científicas para determinar si la píldora anticonceptiva de emergencia es abortiva o no.

Todo ello dentro del juicio en el que analiza si valida o no la Norma Oficial Mexicana 046 destinada a proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar y sexual.

La petición fue presentada de última hora, por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien ha sostenido que dicha píldora es abortiva y por tanto violatoria de la Constitución.

El ministro Aguirre pidió el apoyo de peritos científicos porque, dijo, su opinión es clave para decidir el juicio que promovió el gobernador de Jalisco contra la Norma Oficial Mexicana 046, que obliga a los médicos del sector salud de todo el país a recomendarle a las mujeres el uso de “la pastilla de emergencia” en casos de violación.

La propuesta de Aguirre opacó la decisión que apenas había adoptado la mayoría del pleno del Alto Tribunal, con base en la cual interrumpió y cambió uno de sus criterios pasados, en que había establecido que las Normas Oficiales Mexicanas sólo son aplicables para las autoridades federales y no para las estatales.

Por mayoría de votos, dio marcha atrás y determinó que las NOM que emita el Gobierno federal, en materia de salubridad general, son de aplicación obligatoria para todas las entidades.

Cuando parecía que con esta resolución se abría el panorama para agilizar la discusión y validar la NOM-46, el ministro Aguirre se encargó de colocar dentro de la agenda de análisis una serie de temas que no estaban contemplados, como el de pedir que se realicen pruebas periciales para determinar si la píldora anticonceptiva de emergencia es abortiva o no.

Porque, dijo, los “tribunales de otros países así lo han hecho, y han llegado a declarar inconstitucional esta pastilla como atentatoria de la vida”.

El ministro José Ramón Cossío, como encargado del juicio, consideró que de momento no era necesario realizar el estudio solicitado por el ministro Aguirre.

Pero el pleno levantó la sesión en este punto y acordó continuar hoy.

Aguirre, aunque parece ser el único que quiere invalidar el uso de la píldora, se ha encargado, a lo largo de la última semana de alargar la discusión en torno a este juicio, en el que la mayoría de ministros ya han dejado ver que están a favor de validar la norma.

Perfil

Personaje polémico

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, nacido el 1 de febrero de 1943, es un distinguido abogado mexicano, que desde 1995 se desempeña como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Oriundo en de Guadalajara, Jalisco, obtuvo el grado de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

De 1974 a 1995 fue notario asociado de la notaría número 24 de Guadalajara. En la década de los 80 suspendió la actividad notarial para dedicarse a la política. El 23 de agosto de 1982, exigió desde la tribuna de la Cámara de Diputados, entonces constituida en Colegio Electoral, que fuera reconocida su victoria que, según él, había obtenido aquel año en los comicios federales, como candidato del PAN a una diputación federal.

En 1985, se desempeñó como regidor de Guadalajara, por el mismo instituto político.

El 26 de enero de 1995, fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia por el Senado de la República, tomando protesta del cargo el 1 de febrero de 1995.

Aguirre Anguiano ha sido duramente cuestionado por su antigua militancia panista.

Entre los casos más polémicos se encuentran, la suspensión del proceso para destituir del cargo al entonces gobernador panista del Estado de Morelos, Sergio Estrada Cajigal; el desechamiento del juicio que promoviera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para detener el desafuero de Andrés Manuel López Obrador; la invalidez del acuerdo de la Cámara de Diputados, que ignoró las observaciones hechas por el entonces presidente Vicente Fox al presupuesto del año 2005, y la absolución del gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones de violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho en el contexto de una investigación sobre pederastia.