Luego de ocho años, inicia el nuevo sistema de justicia penal

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUN/2016).- A partir de la medianoche de hoy entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal en México, tras ocho años labores para dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que sentó las bases para el establecer un nuevo modelo para impartir justicia en el país.

Sin embargo no todo serán juicios orales porque el proceso contempla otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados.

Ahora un caso bajo el nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella y; con detención del imputado en flagrancia, es decir cuando se está cometiendo el delito.

El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito. Aquí es importante señalar que en el nuevo modelo se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalada como probable de haber cometido un delito.

Dentro del proceso penal del nuevo Sistema de Justicia Penal existen tres etapas y cada una es supervisada por un juez distinto: investigación, etapa intermedia y el juicio oral.

En el caso de delitos menores, se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a juicio, y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo. Además sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase; es decir, el juicio oral.

De acuerdo con información publicada en el blog del Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación explica que ahora las víctimas del delito y los responsables de cometerlo, podrán saber desde un inicio cómo funciona la justicia, qué esperar del proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante un juicio. En delitos como violación y homicidio no aplican las salidas alternas a un conflicto; éstas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima.

FALLAS EN EL ESQUEMA

Integrantes del Poder Judicial advierten riesgos

En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio existe el riesgo de que cualquier falla en la actuación de policías, peritos, investigadores, ministerios públicos, jueces y defensores se traduzca en la liberación de presuntos delincuentes, lo cual generará una mayor percepción de impunidad entre la sociedad, que además desconoce muchos de los cambios clave en la persecución de los delitos, advierten integrantes del Poder Judicial de la Federación.

José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alerta: “No hemos hecho lo necesario para que el sistema funcione correctamente. Muchas personas están suponiendo, porque tenemos salas de juicios orales, que porque tengamos, digamos, la escenografía, los juicios van a funcionar, no es una obra de teatro”.

Daniel Francisco Cabeza de Vaca, asesor del Tribunal Electoral, se dice más optimista sobre los beneficios del nuevo sistema, aunque advierte: “Si no hay cuidado en la integración de las averiguaciones, sí puede haber muchos liberados”.  El consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, aseveró que puede existir una percepción de mayor impunidad ante el desconocimiento de las personas de que hay delitos graves que no implicarán prisión para los imputados.
 
Delitos graves en el fuero federal

A partir de este sábado, con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal (NSJP) en el país, sólo siete tipos de delitos considerados graves en el fuero federal ameritarán que el imputado sea encarcelado de forma preventiva, en el resto de los casos, los presuntos responsables podrán enfrentar las acusaciones en libertad; un cambio que la ciudadanía debe tener claro para que en los casos en los denunciados queden libres no se aduzca a una falla del modelo, una irregularidad por parte de las autoridades o un acto de injusticia, alertan expertos.

Hasta hace tres días, 25 de las entidades del país ya habían migrado por completo al nuevo sistema de justicia en el fuero común, y siete presentaban retrasos: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Guerrero.

Según cifras de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador de Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) hasta 2030 se deberán invertir 50 mil millones de pesos para que el sistema de justicia se mantenga actualizado.