Los presos de Atenco, libres

En México la justicia es más benigna con narcotraficantes y sicarios que con luchadores sociales. Los primeros llegan a corromper a sus captores y a los agentes del Ministerio Público Federal, ser liberados pronto por algún juez, salir bajo fianza, vivir con privilegios en las cárceles y hasta escapar de prisión auxiliados por sus cómplices; o enfrentar penas menores, si se compara con las impuestas a los segundos. Un ejemplo: los 12 presos de San Salvador Atenco, Estado de México.

Por impedir el despojo de sus tierras, lo que derivó en enfrentamientos y persecuciones el 3 y 4 de mayo de 2006, durante más de cuatro años permanecieron encarcelados 12 miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Al líder, Ignacio del Valle, lo sentenciaron de manera excesiva, ilegal e injusta a 112 años de cárcel. A las 45 mujeres detenidas en el operativo policiaco de 2006 las agredieron sexualmente; a 25 las violaron policías. Dos jóvenes murieron a manos de los uniformados, y cinco extranjeros fueron retenidos, lastimados y deportados.

Aunque criticada por familiares de los 207 habitantes de Atenco originalmente detenidos, la recomendación emitida en octubre de 2006 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que acreditó graves violaciones de derechos humanos como fueron “detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, torturas, allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, así como una irregular integración de las averiguaciones previas correspondientes”.

La lista de graves abusos tomó fuerza desde que el gobierno foxista pretendió despojarlos en 2001 de alrededor de cinco mil hectáreas agrícolas, sin consultarlos, para construir un aeropuerto. Unos cuantos harían jugosos negocios a costillas de los campesinos de Atenco, quienes se opusieron.

El que tiene responsabilidad política de lo ocurrido en Atenco es el pre candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, a quien la recomendación de 2006 de la CNDH le dirigió, sólo a él, 13 puntos. El gobernador del Estado de México es jefe de la policía estatal, la Procuraduría General de Justicia y el centro penitenciario que fueron partícipes de las vejaciones, averiguaciones mal integradas, lesiones y demás actos ilegales infligidos a los detenidos de Atenco.

Afortunadamente el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó ayer liberar a los 12 detenidos. Por mayoría, los magistrados señalaron que contra los detenidos se usaron “pruebas ilegales o insuficientes” de un delito que no cometieron. ¿Qué tal? Como diría mi abuelita: ¡Dios nos libre de caer en manos de los procuradores y jueces que llevaron el caso Atenco!